Imagen: Chuquicamata | Wikimedia Commons

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En el marco de la celebración de los 41 años desde la nacionalización del cobre, la Federación de Trabajadores del Cobre, FTC, reafirmó su interés en rechazar la inciativa que busca privatizar el Litio. Además, recalcaron la importancia de que Codelco logre adquirir el 49% de la propiedad de Anglo American Sur.

La Federación de Trabajadores del Cobre reafirmó su postura a que Codelco defienda su derecho a adquirir el 49% de la propiedad de Anglo American Sur, compra que según los dirigentes de la FTC, es altamente conveniente para la corporación, ya que le daría la oportunidad de controlar la operación de yacimiento de cobre más grande del mundo.

Todo esto a través de la explotación de los yacimientos de Andina y Los Bronces, que contienen más del 10 por ciento de reservas mundiales de cobre.

En esta línea, el Presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, Raimundo Espinoza, aprovechó la ocasión para reiterar su rechazo a la iniciativa del gobierno de licititar el litio a través de los llamado “Contratos Especiales de Operación del Litio”, CEOL, que generarían a la privatización de este recurso.

Raimundo afirmó que desde la nacionalización de cobre se ha logrado aportar con 100 mil millones de dólares de excedentes al Fisco. Por lo que aclaró que está demostrado que una empresa nacional que explote los recursos del país es la mejor alternativa para que el 100 por ciento de la renta minera quede en Chile.

Por otro lado, el vicepresidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, Hector Roco, agregó que la entidad ya se encuentra en conversaciones con el gobierno para definir las condiciones laborales que enfrentarán los trabajadores de este mineral una vez que la mina de Chuquicamata pase de ser la más grande a tajo abierto a la mina subterrananea más importante del mundo.

En otros temas, la FTC reafirmó además su apoyo a renacionalizar el Cobre. Todo esto con la intención de fortalecer la independencia economica del país para que el Estado pueda disponer de recursos economicos que permitan financiar políticas públicas en salud, educación y vivienda.