En medio de la polémica creada tras los cuestionamientos emitidos por el ministro de Justicia Teodoro Ribera, acerca de los procedimientos judiciales con respecto a los detenidos durante manifestaciones, se abre un nuevo frente en el Gobierno; una nueva discusión que esta vez incluye a los jueces de garantía.

Las declaraciones del ministro Ribera, quien expresó que el Gobierno está molesto con las resoluciones de los jueces con respecto a las detenciones de manifestantes en las protestas, cayeron como un balde de agua fría en los representantes de la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones, quienes reunidos en Concepción se enteraron de los dichos que apuntaron directamente a los jueces de garantía, y que calificaron como una provocación al Poder Judicial.

La crítica produjo una disyuntiva con los Tribunales; una especie de intromisión del poder Ejecutivo en el Judicial, además de crear un nuevo frente de polémica que el Gobierno no necesita, pues emiten conceptos brutales que atentan contra el Estado de Derecho.