Unos 2.000 niños han dejado de ir a las escuelas públicas de Alabama desde que entró en vigencia la semana pasada en ese estado la más dura ley migratoria de Estados Unidos, que está ahuyentando a trabajadores sin papeles que temen ser deportados si se cruzan con un policía.
“El impacto (de la ley) sobre los niños inmigrantes y sus familias ha sido poco menos que aterrador. Se está desarrollando una crisis en Alabama y niños de nuestro país se encuentran atrapados en fuego cruzado”, indicó Ali Noorani, director ejecutivo del Foro Nacional de Inmigración.
“Sabemos que hay unos 2.000 niños que se han quedado en casa para no ir a la escuela”, señaló por su parte Mary Bauer, directora legal del Centro Southern Poverty Law, en una conferencia junto a varios activistas.
La denuncia de los líderes civiles sobre lo que denominan una “crisis” en Alabama tras la puesta en marcha de la ley se produjo horas antes de que el Gobierno de Estados Unidos demandara este viernes ante una corte de apelaciones bloquear la legislación más draconiana contra los indocumentados en el país.
El Departamento de Justicia presentó este pedido que también señala que la ley no haría más que desplazar a los inmigrantes sin papeles a estados vecinos.
Mientras líderes civiles y activistas denunciaron que a menos de una semana de la entrada en vigencia de la ley HB 56, “la crisis que enfrentan los inmigrantes y niños latinos ha alcanzado proporciones alarmantes”, políticos partidarios de la ley criticaron con vehemencia el nuevo intento de la Casa Blanca por bloquear su aplicación.
“El presidente (Barack Obama) está del lado opuesto al del pueblo estadounidense”, dijo el republicano Lamar Smith, presidente de la Comité Judicial de la Cárama de Representantes.
Citando una encuesta reciente, Smith afirmó que “dos tercios de los estadounidenses quieren ver que se apliquen leyes de inmigración. Y mientras 14 millones de estadounidenses están sin trabajo, siete millones de inmigrantes ilegales trabajan en Estados Unidos ¿Señor presidente, de qué lado está usted?”
Para el representante demócrata Charles Gonzalez, “esta ley equivocada trae consecuencias como institucionalizar el perfil racial, obliga a los profesores a ser policías y perjudica la economía agrícola. La mejor alternativa es una reforma migratoria integral”, apuntó.
La ley vigente desde el 29 de septiembre fue reforzada el miércoles cuando la jueza Sharon Blackburn, de la corte de distrito de Alabama, se negó a bloquear las disposiciones más que estaban pendientes de revisión.
“Como resultado siguen adelante los planes para implementar las disposiciones que permiten a la policía pedir documentos de inmigración durante paradas de tráfico de rutina y que deja que las escuelas consulten la situación migratoria de los estudiantes al momento de matriculase, así como imposibilitar la mayoría de los contratos con los inmigrantes ilegales”, explicó Noorani.
Mary Bauer, del Centro Southern Poverty Law, dijo que la organizaciones de ayuda al inmigrante en Alabama están “recibiendo llamadas de padres que están buscando hacer planes de emergencia sobre la tutela de sus hijos en caso de ser arrestado, o en caso de que sean separados de sus hijos menores de edad”.
“Los padres tienen demasiado miedo como para llevar a sus hijos a la escuela”, temen manejar, llevar a sus hijos a actividades.
“La vida como la conocemos, ha terminado para las familias en Alabama, y esto incluye a padres indocumentados, pero también a montones de miembros de familia que son estadounidenses”, recalcó Bauer en relación a los niños.
La ley es una pésima señal para los 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos, y en especial para los 130.000 que residen en Alabama, según estimaciones del Centro Pew Hispanic, el principal instituto de estudio de la comunidad hispana en el país.
Aunque Arizona (oeste) propuso en 2010 la primera ley migratoria estatal en el país que criminalizaba a los indocumentados, finalmente los puntos más polémicos, como que la policía consulte el estatuto migratorio, quedaron bloqueados, pero varios estados han querido emularla.
En el sureste de Estados Unidos, tradicionalmente conservador, estas propuestas se impusieron desafiando a Washington, y hoy Georgia y Alabama viven un éxodo de inmigrantes y también escacez de trabajadores en sectores clave como la agricultura.
