Una polémica se ha sucitado en España hace algunos días, luego que se conociera que un restaurant que repartió comida a personas de escasos recursos durante el estado de alarma por el coronavirus fue multado por 4.200 euros (3.890.084 pesos chilenos), debido a que en estricto rigor no había suspendido sus funciones como dictaba la ley.

La situación afecta a un local de la ciudad de Valencia llamado La Lusitana Tasca, el cual durante marzo decidió entregar su comida sobrante a organizaciones benéficas y familias, por la suspensión de funcionamiento de este tipo de comercios.

Aquellos alimentos se habían acumulado debido a que, en ese mes, se canceló una fiesta popular llamado Fallas valencianas, la cual atrae a turistas de diversas partes de España.

El hecho fue narrado al diario español El Mundo por el dueño del negocio, Javier Márquez, quien indicó que la comida fue donada y regalada.

“El 12 de marzo nos vimos obligados a cerrar el restaurante debido al confinamiento y nos quedamos con un montón de comida almacenada que teníamos preparada para las Fallas, así que decidí ponerme en contacto con diferentes colectivos locales, como las asociaciones Brúfol y Espai Veïnal Cabanyal, para organizar un reparto a las familias más vulnerables del barrio”, sostuvo.

El Mundo
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No obstante, la situación fue advertida por la policía española, quienes llegaron un día hasta el lugar y les indicaron que habían mantenido sus actividades de forma normal.

No obstante, explicaron, en ese entonces habían estado juntando alimentos para después entregarlos, por lo que no había ninguna acción comercial involucrada.

“(Los policías) Llegaron en tono amenazante, incluso faltando un poco al respeto. Uno le dijo a una de las voluntarias que se callara y dejara de hacerse la buena samaritana”, sostuvo.

Días después fueron notificados de tres multas: 3000 euros al dueño del local y 600 a cada una de las voluntarias.

“En la denuncia que me llega a mí, indican que estábamos abiertos y desarrollando nuestra actividad normal, lo que es falso. Nos negamos absolutamente a hacer el pago de estas sanciones”, expresó Márquez.

Como era de esperarse, la situación ha generado bastante indignación al interior de la comunidad de Valencia. Algunos incluso crearon una campaña en Change.org para instar a que se retire la multa.

Por otro lado el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, indicó en Twitter que los hechos serán revisados y se deberá decidir en torno a un criterio más humanitario.

“Parece que la sanción tuvo lugar en los primeros días de confinamiento, cuando las indicaciones de las autoridades sanitarias estaban definiéndose. No tiene ningún sentido multar a quien reparte solidaridad”, sostuvo.

La resolución final sobre este caso será tomada dentro de los próximos días.