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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

42 legisladores oficialistas presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para impugnar artículos clave del proyecto de ley de Permisos Sectoriales liderado por el ministro Nicolás Grau. Según La Segunda, los parlamentarios argumentan que la iniciativa vulnera principios constitucionales y debilita la protección ambiental al permitir técnicas habilitantes sin considerar impacto ambiental. Critican especialmente el artículo 9 y la modificación de la Ley Indígena. El proyecto busca acelerar tramitación de permisos sin reducir estándares regulatorios. La lista de legisladores impugnantes incluye a miembros del Frente Amplio, PS, PC, Acción Humanista, PPD e independientes.

Polémica ha causado el requerimiento presentado por 42 legisladores oficialistas ante el Tribunal Constitucional, el cual busca impugnar artículos clave del proyecto de ley de Permisos Sectoriales, impulsado por el Gobierno mediante su ministro de Economía, Nicolás Grau.

La iniciativa, a ojos de los parlamentarios, vulnera principios constitucionales y representa un retroceso en la protección ambiental.

El diputado Daniel Melo (PS), quien encabeza este requerimiento, declaró a La Segunda que “durante su tramitación, el proyecto de ley fue ampliando su alcance de manera preocupante. Se terminó estableciendo una regla general que permite aplicar las llamadas técnicas habilitantes a todo tipo de proyectos, sin distinguir entre grandes empresas y pequeñas iniciativas, ni considerar el impacto ambiental que puedan generar”.

¿Por qué legisladores oficialistas buscan impugnar el proyecto clave del Gobierno?

Los legisladores señalaron que una de sus principales críticas apuntan al artículo 9 del proyecto, donde aparece como norma general el uso de estas técnicas habilitantes, las cuales limitarían el rol del Estado en controles preventivos.

“Esta norma vulnera garantías constitucionales como el derecho a la salud y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”, agregó Melo.

● Técnicas Habilitantes: permite reemplazar permisos de bajo riesgo por declaraciones juradas o avisos, sin reducir los estándares regulatorios. Estas THA están sujetas a fiscalización ex post (evaluación o control que se realiza después de que una actividad, proyecto o programa ha concluido o se ha ejecutado), con fuertes sanciones en caso de fraude.

Además, el diputado aclaró que se incorporó a este proyecto de ley un régimen de estabilidad regulatoria por 8 años para proyectos con Resolución de Calificación Ambiental.

“Esto resulta desproporcionado en un contexto de crisis climática, donde es urgente que los proyectos se ajusten a nuevas exigencias ambientales”, sentenció.

Aparte del artículo 9, los parlamentarios también buscan declarar como inconstitucional al artículo 104 de esta ley, el cual busca modificar la Ley Indígena sin haber realizado una consulta previa.

¿Qué es el proyecto de ley de Permisos Sectoriales?

Según el sitio de Gobierno, la ley de Permisos Sectoriales busca “reducir sustantivamente los tiempos de tramitación de permisos para proyectos de inversión, sin disminuir los estándares regulatorios. En ese sentido, esta reforma, la más importante en la materia en las últimas dos décadas, moderniza más de 380 permisos que hoy dependen de 37 servicios públicos”.

● Permisos Sectoriales: son aquellos permisos no ambientales, necesarios para concretar un proyecto de inversión. Existen más de 380 permisos sectoriales, tramitados por más de 37 servicios del Estado.

Además, esta ley “busca optimizar y reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de tramitación de permisos sectoriales, simplificando y modernizando los procesos administrativos. Además, contribuirá a aumentar el crecimiento económico, gracias a la activación de proyectos que hoy están detenidos”.

¿Quiénes son los parlamentarios oficialistas que impulsan esta impugnación?

En total, la lista la componen 11 parlamentarios del Frente Amplio, 9 del PS, 9 del PC, 2 de Acción Humanista, 1 del PPD y 10 independientes.

A continuación la lista completa:

Daniel Melo (PS)
María Candelaria Acevedo (PC)
Jaime Araya (IND)
Mónica Arce (IND)
Danisa Astudillo (PS)
María Francisca Bello (FA)
Ana María Bravo (PS)
Jorge Brito (FA)
Karol Cariola (PC)
Nathalie Castillo (PC)
Daniella Cicardini (PS)
Luis Alberto Cuello (PC)
Viviana Delgado (IND)
Ana María Gazmuri (AH)
Andrés Giordano (FA)
Félix González (IND)
Marta González (IND)
Carmen Hertz (PC)
Tomás Hirsch (AH)
Diego Ibáñez (FA)
Daniel Manouchehri (PS)
Carolina Marzán (PPD)
Claudia Mix (FA)
Javiera Morales (FA)
Camila Musante (IND)
Emilia Nuyado (PS)
Ericka Ñanco (FA)
Maite Orsini (FA)
Hernán Palma (IND)
Lorena Pizarro (PC)
Alejandra Placencia (PC)
Matías Ramírez (PC)
Gaspar Rivas (IND)
Juan Santana (PS)
Marisela Santibáñez (IND)
Emilia Schneider (FA)
Daniela Serrano (PC)
Leonardo Soto (PS)
Carolina Tello (FA)
Consuelo Veloso (IND)
Nelson Venegas (PS)
Gael Yeomans (FA)

Señalar que esta polémica también ha traído reacciones en la oposición. El diputado RN Diego Schalper, a través de su cuenta de X, calificó como una vergüenza lo que están realizando los parlamentarios oficialistas.

“Esto es una vergüenza. El proyecto de Gabriel Boric para reimpulsar la economía, torpedeado por los parlamentarios de izquierda. ¿La candidata Jeannette Jara tendrá capacidad de hacer que sus parlamentarios demuestren compromiso con el Gobierno y con el desarrollo económico?”, escribió.