Sabemos que el cumplimiento debería ser intrínseco a la función pública, pero la realidad y la complejidad administrativa han demostrado que la buena fe no es suficiente.

El compliance municipal surgió en 2024 como respuesta urgente a la entrada en vigencia de la Ley Nº 21.595 sobre delitos económicos y ambientales, así como a las recomendaciones de la OCDE para nuestro país. Este sistema busca la creación de códigos de integridad y manuales de prevención de delitos, herramientas que fortalecen la probidad y la confianza en la gestión.

Desde el Instituto Libertad, hemos propuesto un modelo de gestión de riesgos preventivo (ex ante), que se anticipa a los delitos y se basa en la identificación de procesos -como licitaciones y subvenciones- para detectar vulnerabilidades.

El modelo incluye un catálogo de delitos funcionarios tradicionales como el cohecho, la malversación de caudales públicos, el fraude al fisco y la negociación incompatible. También se incorporan delitos como la administración desleal, el lavado de activos, delitos medioambientales y el financiamiento del terrorismo.

Una pieza clave es la designación de un “Oficial de cumplimiento” al interior del municipio, encargado de buscar activamente potenciales conflictos de interés. Este profesional implementar el sistema de prevención, reportando al alcalde y al concejo, con total independencia.

Si el delito se comete, significa que ha fallado la barrera. Sin embargo, su función va más allá de evitar sanciones penales. Se busca imponer un cambio cultural profundo hacia la profesionalización, estableciendo un marco ético claro y mecanismos como canales de denuncia y matrices de riesgo que protegen tanto al funcionario honesto y al patrimonio municipal.

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El desafío no es solo imponer nuevas reglas, sino transformar la mentalidad del servidor público, transitando hacia una nueva cultura de integridad. Buscamos que los funcionarios internalicen estos estándares no como una carga burocrática, sino como una nueva forma natural de trabajar.

Sabemos que el cumplimiento debería ser intrínseco a la función pública, pero la realidad y la complejidad administrativa han demostrado que la buena fe no es suficiente.

El compliance no busca añadir burocracia ni crear nuevas instituciones fiscalizadoras externas, sino sistematizar el control interno. Es una herramienta de gestión moderna que permite ordenar la casa desde adentro, cerrando espacios de discrecionalidad que facilitan la corrupción y asegurando que los recursos públicos lleguen efectivamente a los vecinos.

Hoy, el instituto está implementando el compliance en diversas municipalidades. Los resultados han sido tangibles: se han mejorado los protocolos internos para la detección temprana de conflictos y se han reducido significativamente los riesgos de demandas. Y a través de capacitaciones continuas, hemos logrado crear una mayor conciencia preventiva en los funcionarios, fortaleciendo la integridad institucional.

Aldo Manuel Herrera
Maricarmen Garrido
Investigadores Instituto Libertad

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