La Web ya no es una novedad: es una infraestructura básica de nuestra vida social. Los sitios web de los medios de comunicación y de las instituciones públicas o privadas son mucho más que plataformas de información: son puertas de acceso a derechos, servicios, cultura y participación.
Por eso, garantizar que todas las personas puedan navegar por estos sitios web sin barreras —independientemente de sus capacidades físicas, sensoriales o cognitivas— no debería ser un gesto de buena voluntad, sino un compromiso firme con la equidad. Eso es, precisamente, lo que persigue la accesibilidad web: así como nadie cuestiona la necesidad de que la electricidad llegue al pueblo más pequeño o que un edificio esté correctamente electrificado, tampoco deberíamos discutir que un sitio web deba ser accesible para todas las personas.
Accesibilidad es para todas las personas
Al oír hablar de accesibilidad, ya sea física o digital, muchas personas piensan que solo beneficia a las personas con discapacidad. Pero esto no es verdad. Un sitio web accesible de un medio de comunicación no solo permite que, por ejemplo, una persona ciega pueda leer una noticia con su lector de pantalla, o que alguien con movilidad reducida pueda interactuar sin dificultades, sino que también mejora la experiencia general de todos los usuarios.
Accesibilidad también significa usabilidad, claridad, compatibilidad con distintos dispositivos y contextos de uso. Accesibilidad significa audiencias más amplias, contenidos más sostenibles y una imagen institucional más comprometida. Más allá del deber ético, la accesibilidad también ofrece una dimensión estratégica y de oportunidad para cualquier organización.
Las leyes existen, pero no bastan
Las leyes sobre accesibilidad web son imprescindibles: establecen estándares mínimos, definen responsabilidades y ofrecen un marco común para la exigibilidad. Sin embargo, las leyes por sí solas no garantizan que se vayan a aplicar y cumplir, y así lograr sitios web verdaderamente accesibles.
Por ejemplo, si fijamos la mirada en España, la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico fue una ley pionera a nivel mundial, que obligó a las administraciones públicas españolas a garantizar la accesibilidad de sus sitios web antes del 31 de diciembre de 2005.
Han transcurrido casi 20 años desde esa fecha límite y no resulta difícil encontrar un sitio web de la administración pública española que no sea accesible, mientras que sí que resulta muy difícil encontrar uno que sí sea plenamente accesible.
Europa como referente: directivas que empujan el cambio
No obstante, es justo reconocer que en los últimos años la accesibilidad web ha avanzado en España y en el resto de los países de la Unión Europea, gracias al impulso que han proporcionado dos directivas europeas.
Por un lado, la Directiva (UE) 2016/2102 sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público —también conocida como Web Accessibility Directive (WAD)— obliga a que los sitios web de las administraciones públicas y ciertos organismos vinculados cumplan con los requisitos de accesibilidad establecidos en la norma europea EN 301 549, que está alineada con las pautas internacionales Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) del World Wide Web Consortium (W3C).
Por otro lado, la Directiva (UE) 2019/882 sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios —también conocida como European Accessibility Act (EAA)— amplía las exigencias de accesibilidad a determinados servicios y productos del sector privado, incluidos los medios de comunicación. La EAA entró en vigor en junio de 2019 y estableció como fecha límite para su aplicación obligatoria el 28 de junio de 2025, dentro de unos pocos días.
El sector privado ha tenido 6 años para garantizar su cumplimiento y, sin embargo, una evaluación rápida de la accesibilidad de algunos sitios web de empresas españolas importantes demuestra que su cumplimiento es desigual.
Pero no seamos pesimistas: aunque el vaso de la accesibilidad web esté medio vacío o medio lleno —según lo pesimista u optimista que uno sea—, con un poco de esfuerzo de todos lograremos que esté completamente lleno.
Más allá del marco legal: un cambio de mentalidad
¿Pero además de las leyes, qué más necesitamos para avanzar hacia una accesibilidad web plena?
Debemos dejar de pensar en la accesibilidad web como un añadido o como una obligación incómoda. La accesibilidad web se debe incorporar desde el inicio del diseño de un sitio web, con una perspectiva inclusiva y centrada en las personas.
Esto implica formar a los equipos de trabajo, establecer políticas institucionales claras, revisar los sistemas de publicación de contenidos y contar con mecanismos de evaluación y mejora continua. Todo un reto, por supuesto, pero es posible lograrlo.
Asimismo, debemos escuchar activamente a las personas con discapacidad. Como nos suelen recordar: “Nada sobre nosotros sin nosotros”. Las personas con discapacidad no solo son beneficiarias de la accesibilidad: son expertas en identificar barreras, proponer soluciones y enriquecer la comprensión de lo que significa una experiencia digital verdaderamente universal.
Una oportunidad para liderar desde los medios
En definitiva, apostar por la accesibilidad web es construir una sociedad digital más justa, más eficiente y más conectada.
Los medios de comunicación, en particular, tienen una responsabilidad enorme: no solo por su rol informativo, sino porque modelan valores y prácticas. Hacer accesibles sus sitios web no es solo cumplir con la ley: es ejercer su liderazgo social y moral.
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