Días atrás la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Explotación Sexual de la Fiscalía advirtió de los factores asociados a la explotación sexual infantil en la región de Valparaíso, también dio cuenta del gran número de denuncias que se han realizado desde el Servicio Mejor Niñez en la Zona. Esta situación no es nueva y ha sido observada en 2018 por el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas.
Hay compromisos del Estado de Chile suscritos en sucesivos marcos para la acción que no se han materializado. En cinco años las denuncias prácticamente se han triplicado a nivel general, donde la mitad de ellas han sido interpuestas por Mejor Niñez. Sólo en la Región Metropolitana hay 133 denuncias vigentes. En tanto, en la región de Valparaíso en el 35% de las residencias se han presentado investigaciones por Explotación Sexual Comercial Infantil.
El modelo residencial no cuenta con herramientas técnicas ni el enfoque terapéutico de especialistas en trauma complejo que se requieren para la intervención en estos casos. De hecho, la oferta, no obstante que la demanda crece explosivamente, se ha mantenido en los mismos programas y coberturas por décadas, incluso las cifras oficiales -respecto de las víctimas- son proyecciones del último estudio en 2004.
Es decir, la prevalencia de explotación sexual puede estar subestimada. Por otro lado, del total de denuncias, 7 de cada 10 se archivan y de las que continúan en investigación, sólo 1 de cada 10 llega a condena (www.actuaresurgente.org).
Fortalecer la prevención y la atención especializada
La Rehabilitación de una víctima requiere dispositivos especializados de salud mental que pueden implicar especializaciones en diversos aspectos, sin embargo, la oferta ambulatoria de Mejor Niñez enfrenta listas de espera históricas que triplican las existentes en 2021 y que para salud mental superan los 14 mil niños.
Un avance significativo fue la tipificación del Delito de Explotación Sexual, que entró en vigor el año pasado. Sin embargo, es fundamental cumplir con los marcos para la acción vigentes, generar información actualizada, ampliar cobertura e integralidad de los programas especializados y hacerlo en base a la evidencia.
Además, es necesario fortalecer la prevención social a nivel local a través de las oficinas locales, contribuyendo a crear espacios protegidos para las víctimas, que los programas de representación jurídica se capaciten en la temática y sean persistentes en la investigación de las denuncias, que cuenten con los recursos necesarios desde el Ministerio Público para las pericias que contribuyan a la formalización y condena de las redes de explotación sexual.
Asimismo, se requiere gestionar oferta fuera del sistema de protección con verdadera urgencia.
Fortalecer el modelo de acogimiento familiar como alternativa al modelo residencial, con mayor especialización de los cuidadores y recursos para salud física y mental de mayor complejidad, como también para la transición hacia procesos de inserción que requiere espacios como reingreso educativo, intermediación laboral, etc.
Es clave dar cumplimiento efectivo al artículo 35 de la Ley N° 21.302 que establece que los Organismos Colaboradores Acreditados del Servicio de Protección Especializada “Mejor Niñez”, deben adoptar e implementar modelos de organización, administración y supervisión para prevenir delitos que afecten la vida, la salud, la integridad, la libertad y la indemnidad sexual de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA).
El Gobierno y los garantes deben resguardar el cumplimiento de la ley de Protección Integral de la Niñez y, en materia de cuidados alternativos, velar por el derecho a vivir en familia. Hay mucho por hacer. Actuar es urgente.
