Innumerables son los casos a lo largo de la historia en que instancias de cambio han sido canalizados a través de la elaboración de constituciones. Ya sea con motivo de una independencia o tras un proceso de inestabilidad política o social, estas se han mostrado como canalizadoras, el espacio de catarsis por medio del cual los países deciden encausar sus conflictos y aspiraciones, así como el intento por articular un horizonte que permita a la comunidad política reconocerse, sentirse parte de un relato común.
Por lo general detrás de estos procesos se esconden dolores, sufrimientos, divisiones internas y la carga que conlleva el conflicto y la guerra (ya sea contra enemigos externos o entre conciudadanos).
Pero al curar sus heridas y cobijar un proyecto de nación en una Constitución, los países deciden rescatar los valores y principios que les permitan seguir caminando hacia un norte definido.
Estos procesos son largos, a veces infructuosos y no exentos de errores. Pero es precisamente la primacía de un espíritu conciliador que reconoce la experiencia y la tradición lo que determina el éxito o fracaso de la empresa: quienes sí valoran y recogen los avances e ideas que han rendido frutos en el pasado tienden a ser más exitosos que aquellos que buscan refundarlo todo y erigir el nuevo paraíso sobre la tierra.
El caso chileno lo refleja como pocos casos lo han hecho. Y es que, más allá de los fracasos, sí se han levantado diagnósticos lúcidos y pertinentes que se han hecho cargo de temas hasta hace poco relegados de la discusión contingente, sin por ello tirar por la borda el recorrido alcanzado.
De esta forma, el desafío político estriba en reconocer las problemáticas coyunturales que nos afectan como país (seguridad, crecimiento, recursos naturales y medio ambiente, empleo, derechos sociales, por ejemplo), ver de qué manera ellos pueden encausarse –a través de qué principios, normas y ejes orientadores de política- y rescatar aquellos elementos que hasta ahora han permitido el desarrollo y progreso del país (autonomía del Banco Central, libertad económica, derecho de propiedad, pesos y contrapesos entre los poderes del Estado).
Más allá del resultado que le corresponda al proceso constitucional en curso, es de esperar que se recojan los esfuerzos y las propuestas que puedan resultar útiles para los desafíos de nuestro tiempo. Que no se pierdan y sirvan como impulsos u oportunidades para, de una vez por todas, hacernos cargo de ellos (quizás la modernización del Estado sea el mejor ejemplo de esto).
Frente a las experiencias del pasado, caben dos opciones: huir o aprender de ellas. No perdamos la oportunidad de tomar el segundo camino. Quizás para mañana ya sea demasiado tarde.
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