A nivel mundial, reducir la pobreza siempre ha sido un objetivo que cada país ha tratado de superar a través de distintas políticas públicas; sin ir más lejos, es uno de los objetivos principales del Banco Mundial que define la brecha de pobreza cuando se vive con 1,90 USD al día. Desde 1990, se ha logrado un notable desarrollo en la reducción de ésta, principalmente en países como Tanzania, China, India, Indonesia por nombrar algunos (Asai’s, et al., 2019), concentrando al año 2015 solo en cinco países (India, Nigeria, República Democrática del Congo, Etiopía y Bangladesh) al 50% de los habitantes más pobres del mundo (Katayama & Wadhwa, 2019). Si se consideran los últimos 20 años, se puede afirmar que la tasa de pobreza extrema bajó de más de 50% a aproximadamente un 30% en los países más pobres del mundo, donde, además, la tasa de mortalidad infantil se redujo en un 50% pasando de un 14% a un 7%. El uso de servicios básicos (agua potable e higiene) aumentó un 19% (22% a 41%) y el acceso a electricidad creció por sobre el 50% (Banco Mundial, 2019).

Dada la importancia de lo anterior, el Banco Mundial ha compilado de distintas fuentes oficiales, diversos datos generales de países y ha puesto a disposición los “Indicadores del desarrollo Mundial” (WDI), clasificado como la principal colección de estadísticas internacionales sobre desarrollo con estimaciones nacionales, regionales y mundiales que cuenta con 20 indicadores y cada uno de ellos con sub-indicadores, donde uno de ellos, destaca por abordar la Protección Social y Trabajo. Aún cuando el Banco Mundial posee el Atlas de Indicadores de Protección Social de Resiliencia y Equidad (ASPIRE), considerado como la principal compilación de indicadores relacionados con programas del mercado laboral, asistencia y seguro social para estudiar la trascendencia y cometido de este tipo de programas, no todos los países cuentan con información fidedigna o de uso público.

Por otro lado, de acuerdo a información que entrega la OCDE, en su edición 2019 de Pensions at a Glance, señala que durante las últimas cuatro décadas la cantidad de personas mayores a 65 años por cada 100 personas en edad para trabajar, se ha incrementado en un 55% (20 a 31), esperando que para el 2030 esté alcanzando los 40 individuos. Este aceleramiento en la relación vejez y edad de trabajar, se espera impacte más en los continentes de Asia y Europa, principalmente en países como Corea del Sur, Japón, España y Grecia respectivamente, mientras que en Latinoamérica golpearía antes en Chile y en Brasil.

Lo anterior, presiona constantemente a los sistemas de pensiones y a sus actores, que actúan recurrentemente bajo el debate y revisión de la sociedad, dado que, no siempre existe una seguridad financiera al momento de jubilar, ya que los montos de sus respectivos ahorros son bajos y muchas veces se convierten en una situación crítica del diario vivir en aquellos que jubilan. En términos generales, los países han llevado a cabo diversas modificaciones a sus sistemas, incluso algunos transitando de un sistema de reparto a uno mixto para evadir una insolvencia financiera. En el año 2015, la OCDE indicó a través de su estudio Pensions at a Glance que la mayoría de sus países participantes, habían realizado modificaciones a sus respectivos sistemas de pensiones, principalmente para mejorar los ingresos, aumentar la edad mínima exigida legalmente para el retiro y mejorar incentivos para ello.

Desde el año 2009, existe una gran fuente de datos acerca de los sistemas de pensiones a nivel mundial; el año 2020 se publicó la decimosegunda edición del Índice mundial de pensiones Melbourne Mercer (MMPGI), comparando los sistemas de jubilación de 39 países, lo que implica abarcar prácticamente a dos tercios de la población total. Además, se destaca por su constante evolución en el análisis de diversos sistemas de jubilación y ha demostrado que aún los mejores sistemas en el mundo tienen deficiencias.

En temas de Seguridad Social, los países europeos son los que cuentan con mayor experiencia, ya que, Alemania posee más de 120 años de historia en Seguridad Social (Oficina Internacional del Trabajo, 2009).En 1891, Francia comenzó con el subsidio familiar para luego en 1916 iniciar las Cajas de Compensación (Acevedo Tarazona, 2010). Mientras que Latinoamérica, ha sido una de las precursoras en introducir en sus sistemas de pensiones esquemas de capitalización individual como componente obligatorio desde hace ya más de 30 años, cuando Chile dejó su sistema previsional de reparto por uno de capitalización individual (Gendorff, 1984), donde luego, varios países tanto en Latinoamérica como en Europa siguieron ese camino.

A través de los años, gran cantidad de estados, en todo el mundo, han llevado a cabo reformas paramétricas en sus sistemas de pensiones para poder ser viables financieramente en el tiempo. Estas medidas han ido desde incrementar la edad de jubilación, hasta intervenir el sistema de pensiones completo. Países como Francia y Noruega incrementaron la tasa de cotización en sus sistemas de reparto, Alemania e Italia aumentaron la edad de retiro, Reino Unido igualó la edad de jubilación para ambos géneros y países como Argentina y Brasil disminuyeron los beneficios para poder reducir los costos fiscales (FIAP, 2019). Esto como consecuencia principalmente del aumento de la esperanza de vida, el envejecimiento poblacional y el constante crecimiento de la presión sobre los recursos públicos que tienen como finalidad en general, entre otros, mejorar el bienestar de sus ciudadanos.

De acuerdo al Índice mundial de pensiones Melbourne Mercer, en todas sus versiones, muchos de los países europeos han liderado su ranking. En su versión 2020 países como: Holanda, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Noruega, Alemania y Suiza, estaban mejor posicionados que el mejor país de América Latina, Chile.

Chile, en los años 80 inició mediante el Decreto Ley N.º 3.500, la novedad del Sistema de Pensiones en Latinoamérica, basado en el ahorro individual de los trabajadores durante su vida laboral desechando así, el modelo de reparto. El sistema ha sido implementado en varios países del mundo como; México, El Salvador, República Dominicana, Kosovo, Australia, Kazajstán, Hong-Kong 2000 China, entre otros. Dado lo anterior, hoy, en América Latina y Europa coexisten distintos tipos de sistemas; los de fondo público, de ahorro individual administrado por empresas privadas denominadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y sistemas mixtos (Integrado y en competencia) (Grünwald, 2019).

Desde antes de la Pandemia, los naciones a nivel global han presentado problemas demográficos, laborales y otros, que se han profundizado con el COVID-19 y que los han llevado a generar respuestas ante la crisis, cuyos decisiones pueden leerse en los documentos denominados “Marcha de los Sistemas de Pensiones” (Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones, 2020 – 2021) , lo que ha impactado negativamente en las economías de diversos países de las Regiones.

En Latinoamérica, por ejemplo, se contempló el ahorro previsional como opción de apoyo para hacer frente a la crisis. Distintos políticos y expertos han analizado la manera en que este retiro de ahorros de los fondos de pensiones apoya a las personas a sobrellevar una de las peores crisis económicas de los últimos años, arriesgando a los sistemas de pensiones a deshacerse de activos en distintos mercados, principalmente donde la demanda es débil y la liquidez es baja. Es bajo este argumento que, durante este período de crisis, con indicadores de alto desempleo, baja productividad e incertidumbre, se recurrió a estos dineros.

¿Se están tomando realmente buenas decisiones en los países latinoamericanos respecto al tema?, los actores participantes en el mercado ¿Conocen realmente a las personas y sus necesidades?, cómo Región ¿Estamos años luz de la aplicación del Big Data que aporte al bienestar de la sociedad?