Opinión
¬ŅQu√© dice el Gobierno sobre el pol√©mico #DecretoEsp√≠a?
Publicado por: Leonardo Casas
¬ŅEncontraste alg√ļn error? Av√≠sanos visitas

El Gobierno, a trav√©s del Ministerio del Interior, ha salido en distintas ocasiones a hacer frente a las cr√≠ticas al decreto N¬ļ 866, que modifica el reglamento de interceptaci√≥n y almacenamiento de datos comunicacionales en Chile.

Pero es necesario analizar las respuestas del subsecretario Aleuy con cuidado, pues en ellas se deslizan numerosos elementos que confirman la preocupación que ha despertado el decreto.

¬∑ ‚ÄúLa informaci√≥n corresponde a datos que los operadores conservan actualmente con fines comerciales‚ÄĚ.

(Subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy. Diario Financiero, 30 de junio)

El Subsecretario ha insistido en que la entrada en vigencia del decreto no cambia nada, puesto que las empresas ya conservan los datos sobre las comunicaciones mencionados en el decreto.

Es cierto que el almacenamiento de datos personales por parte de las empresas privadas es un asunto de suma importancia, que no est√° suficientemente regulado hoy en Chile, y sobre el cual el Gobierno est√° en deuda. El proyecto de protecci√≥n de datos personales avanza en esa direcci√≥n. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia esto es equivalente a obligar a las empresas a almacenar datos de todas las comunicaciones que se realizan en el pa√≠s, por un m√≠nimo de dos a√Īos, y ponerlos a disposici√≥n de las polic√≠as sin el debido control judicial como pretende el decreto.

Argumentar en la forma que lo hace el Subsecretario es intentar nivelar hacia abajo los est√°ndares de protecci√≥n de la privacidad en Chile, lo cual se opone a la declarada intenci√≥n de la Presidenta al ingresar el Proyecto de Protecci√≥n de Datos Personales, en marzo de este a√Īo, y que reafirm√≥ al presentar la Pol√≠tica Nacional de Ciberseguridad, en abril pasado.

¬∑ ‚ÄúFrente a las instituciones que podr√°n acceder a esta informaci√≥n deber√°n ser determinadas por el Fiscal‚ÄĚ.

(Subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy. Diario Financiero, 30 de junio)

No le cabe al Ministerio P√ļblico definir qui√©n accede a este tipo de informaci√≥n, sino solo a un Juez de Garant√≠a en el marco de un proceso penal, pues se afectan los derechos fundamentales de inviolabilidad de las comunicaciones y respeto a la vida privada.

Esta declaraci√≥n del subsecretario Aleuy confirma que la intenci√≥n del decreto es permitir el acceso a los datos comunicacionales a organismos distintos al Ministerio P√ļblico (por ejemplo, las polic√≠as), sin necesidad de contar con una orden judicial.

¬∑ El reglamento es plenamente coherente con la Pol√≠tica Nacional de Ciberseguridad [y] con la suscripci√≥n de Chile al Convenio de Budapest‚ÄĚ.

(Subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy. El Mostrador, 22 agosto)

La Pol√≠tica Nacional de Ciberseguridad ‚Äúbusca velar por los derechos de las personas en el ciberespacio. Esto significa, por un lado, proteger la vida privada de las personas y garantizar el debido respeto de su informaci√≥n y datos‚ÄĚ. Estas son palabras textuales del discurso con el que la presidenta Michelle Bachelet present√≥ la Pol√≠tica.

En efecto, el segundo objetivo de la Pol√≠tica se titula ‚ÄúEl Estado velar√° por los derechos de las personas en el ciberespacio‚ÄĚ y se√Īala en su punto cuatro:

‚ÄúLa protecci√≥n de la vida privada y la inviolabilidad de las comunicaciones de los usuarios en el ciberespacio, incluyendo protecciones contra la recolecci√≥n, procesamiento y publicaci√≥n no autorizada de sus datos personales; la transparencia en el manejo de esos datos por actores privados y p√ļblicos; y como fue mencionado, la protecci√≥n de tecnolog√≠as esenciales para ofrecer seguridad y confianza en el ciberespacio a sus usuarios‚ÄĚ.

Estos postulados no se condicen con un decreto que exige la recolección masiva de datos sobre todas las comunicaciones que se realizan en el país y que además prohíbe a las empresas implementar tecnologías que podrían proteger la información de los usuarios.

Por su parte, el decreto tampoco es coherente con el Convenio de Budapest, pues implica un menoscabo de la privacidad, exige el almacenamiento de datos por periodos excesivos que no son exigidos en el convenio y permite acceder a ellos sin las garantías procesales que Budapest contempla.

¬∑ ‚ÄúLogramos un acuerdo y manifestaron estar en condiciones de implementar los desarrollos inform√°ticos en los plazos establecidos en el reglamento, lo que nos pareci√≥ una excelente noticia.‚ÄĚ

(Subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy. Diario Financiero, 30 de junio)

En respuesta a un art√≠culo publicado por BioBioChile sobre el decreto, la Asociaci√≥n de Telefon√≠a M√≥vil (ATELMO) env√≠o un comunicado donde se√Īalan enf√°ticamente que ‚Äúno existe un acuerdo ‚Äėa puertas cerradas‚Äô sobre el decreto, cuyo contenido no es conocido ni por el gremio ni por las empresas.

¬∑ [El decreto] ‚Äúestablece un tiempo m√≠nimo para el almacenamiento, no un m√°ximo‚ÄĚ.

(Subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy. LUN, 26 de agosto)

Esto es correcto, pero es uno m√°s de los m√ļltiples problemas del decreto y no una virtud.

En aras de la proporcionalidad de una medida altamente intrusiva como la que retención de datos comunicacionales, es importante establecer límites claros para el ejercicio de una acción que limite los derechos fundamentales.

Por otro lado, el decreto 222 del C√≥digo Procesal Penal establece un m√≠nimo de un a√Īo para el almacenamiento de las direcciones IP, mientras que el decreto extiende ese m√≠nimo a dos a√Īos. Es decir, el decreto va m√°s all√° de las exigencias estipuladas en la ley.

Vladimir Garay
ONG Derechos Digitales
derechosdigitales.org

URL CORTA: http://rbb.cl/htxz
Tendencias Ahora