La niñez primero: ¿Cómo sabremos si se cumple?

Desde 2022, Chile tiene una ley que ordena poner a los niños primero. La Ley N° 21.430 de Garantías de la Niñez obliga al Estado a disponer del máximo de sus recursos para hacer efectivos sus derechos. Le exige, además, dar prioridad a la infancia en la asignación del gasto y no retroceder en lo avanzado.

Es una promesa exigente. Pero hay una pregunta incómoda que casi nadie formula: ¿cómo sabremos si se cumple? Hoy el Estado chileno no cuenta con un sistema contable permanente y en tiempo real para responder con exactitud cuánto invierte en sus niños, niñas y adolescentes. Y lo que no se cuenta, no se prioriza.

La razón es estructural. La Ley de Presupuestos se organiza por ministerios y servicios, no por personas. No existe una «partida de la niñez». Los recursos que llegan a la infancia están repartidos entre Desarrollo Social, Educación, Salud y Justicia, cada uno con su propia lógica, sus propios programas y sus propios reportes.

Parte de ese gasto se ve con claridad: el del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, los jardines de JUNJI e Integra, el Servicio de Reinserción Juvenil o la alimentación escolar de JUNAEB. Son servicios cuya población objetivo es exclusivamente infantil. Pero el resto permanece invisible.

¿Cuánto de la atención primaria de salud corresponde a niños? ¿Qué parte de los subsidios habitacionales beneficia a familias con hijos? ¿Cuánto de la inversión en plazas, deporte o seguridad barrial llega a la infancia? Nadie lo sabe con precisión, porque el sistema contable del Estado no está diseñado para preguntarlo.

No es un problema técnicamente imposible de resolver. El Estado ya lo resolvió en otras áreas. La Ley de Presupuestos obliga a DIPRES a informar cada trimestre el gasto con enfoque de género, con una metodología formalizada. Hacienda desarrolló también un clasificador de gasto climático a partir de la Ley Marco de Cambio Climático. Es decir, cuando hubo voluntad política y un mandato legal, el sistema financiero aprendió a ver. En niñez, esa voluntad todavía no se ha traducido en una regla. CEPAL y UNICEF lo han advertido una y otra vez.

El problema, entonces, no es solo cuánto dinero destinamos a la niñez, sino qué tan capaz es el Estado de ver ese gasto. Y esto tiene consecuencias. Sin una línea base, los principios de prioridad y no regresividad de la Ley N° 21.430 no se pueden verificar. Si no sabemos cuánto se gasta hoy, tampoco sabremos si el próximo año se gasta más o menos. La prioridad queda en el plano de las declaraciones.

La solución tiene nombre: un Marcador Único de Niñez permanente en DIPRES y en SIGFE, el sistema de gestión financiera del Estado. Un clasificador que identifique el gasto directo e indirecto en infancia en todas las partidas, con una metodología común y coeficientes de prorrateo estandarizados para estimar con rigor la fracción que llega a los niños. Y que se informe al Congreso cada trimestre, como ya ocurre con género.

No hace falta esperar una nueva ley. El Congreso no puede aumentar el gasto en la discusión presupuestaria, pero sí puede fijar reglas sobre cómo se ejecuta e informa. El marcador puede instalarse en el articulado de la Ley de Presupuestos 2027, con la misma fórmula que hoy rige para género en las disposiciones generales de la ley.

Ese proyecto ingresó al Congreso y en octubre comenzó su revisión en las subcomisiones. Es el momento de que parlamentarios de todos los sectores asuman una tarea que no debería dividir a nadie: hacer visible lo que el país invierte en su infancia.

La Ley N° 21.430 dijo que los niños van primero. El presupuesto es el lugar donde esa frase se pone a prueba. Mientras no podamos contar lo que gastamos en ellos, la prioridad seguirá siendo una promesa. Con un Marcador Único de Niñez, podría convertirse en una regla.

Patricio Camus Cáceres
Profesor de Historia y Geografía.
Asesor parlamentario e integrante del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL)