Chile debe denunciar la Convención de Ottawa para restablecer el Estado en la frontera norte

El Estado chileno atraviesa una profunda crisis de conducción y orden. La desarticulación institucional es evidente: cada ministerio, cada servicio, actúa como un pequeño reino autónomo, sin coordinación ni subordinación a una estrategia nacional. En materia migratoria y fronteriza, el desgobierno ha alcanzado niveles preocupantes.

Lo que antes era una política migratoria coherente —donde el Registro Civil intervenía una vez tramitada la residencia— ha sido reemplazado por un registro biométrico cuya efectividad en la identificación real de las personas es desconocida, pero que permite reunificar directamente a migrantes irregulares —primero niños, luego adultos— sin siquiera pasar por Migraciones.

Para peor, el mismo Servicio Nacional de Migraciones, en abierta contradicción con la Constitución Política del Estado, otorga cédulas de identidad chilenas a hijos de extranjeros transeúntes, generando un efecto llamado sin precedentes.

Política exterior sin rumbo y abandono de las regiones extremas

Nuestra política exterior, por su parte, ha perdido el norte. En lugar de proteger nuestras fronteras y representar a nuestras regiones extremas, se dedica a cosechar sellos de la ONU por “ambiente laboral” o a militar causas ideológicas globales, ajenas a las urgencias de Arica o de Colchane.

Mientras Bolivia avanza en su estrategia de agresión híbrida, Chile —representado por su cónsul general en Bolivia— obsequia a Sucre una estatua de Condorito. Más al norte, se hace cómplice de Perú, que extrae aguas chilenas en plena frontera costera y altiplánica, ahondando la pobreza de nuestras comunidades altiplánicas.

¿Dónde está la defensa del territorio y de los chilenos y chilenas? ¿Dónde encontramos la voz firme de nuestra diplomacia en Lima y La Paz frente a actos hostiles y sistemáticos contra Arica y Parinacota?

Denunciar la Convención Ottawa: una señal de soberanía y control fronterizo

Frente a este cuadro, se impone la necesidad de reconstruir el Estado. Y una de las señales más claras de que Chile retoma el control de su soberanía debe ser la denuncia de la Convención de Ottawa, que prohíbe el uso de minas antipersonales. Esta medida no es simbólica: es una herramienta concreta para proteger nuestra frontera norte de amenazas reales, como el crimen organizado y la inmigración instrumentalizada.

Europa ya lo ha entendido. Países como Polonia y Finlandia, enfrentados al uso del “arma migratoria” por parte de Rusia, han abandonado la Convención.

Chile enfrenta hoy el mismo fenómeno: organizaciones criminales y grupos que utilizan la frontera como canal de ingreso ilícito, aprovechando nuestra debilidad jurídica.

Minas antipersonales y medidas disuasivas reales en la frontera

Las minas y artefactos disuasivos, implantados en campos debidamente señalizados, son una herramienta legítima y eficaz: interrumpen flujos ilegales, protegen la integridad del territorio y evitan incidentes internacionales que podrían derivarse del uso de armas convencionales. No hay mejor ejemplo que los campos minados que existieron frente a Perú: jamás fueron reclamados por Lima, y contribuyeron a la seguridad de ambos países.

Pero hay una razón aún más profunda: la defensa de quienes nos defienden. Hoy nuestros policías y militares operan bajo el “síndrome Zamora”: se les exige que actúen, pero luego se les abandona ante tribunales y fiscales politizados. Las minas, al ser responsabilidad del poder político, restablecen una cadena de mando clara. Junto con la nueva Ley de Inteligencia y el Reglamento del Uso de la Fuerza (RUF), esta decisión daría respaldo, protección jurídica y liderazgo efectivo a nuestras fuerzas.