¿Por qué las salmoneras insisten en desafiar la institucionalidad ambiental?

Si las empresas no logran producir más, es culpa de las autoridades y la “permisología”; si un tribunal los condena a pagar una multa -de acuerdo a la legislación vigente- por dañar de forma irreversible valiosos ecosistemas, es culpa de las ONGs ambientalistas.

Pero lo cierto es que el gran enemigo con el que casi siempre lucha este sector es interno y tiene su máxima expresión en las malas prácticas en las que varias empresas han incurrido: sobreproducciones, contaminación de ecosistemas, fuga de salmones, colisiones de sus embarcaciones e, incluso, fraude, entre tantas otras.

Cooke y la sobreproducción en Huillines 3

Un ejemplo de esto es evidente con la actual disputa entre Cooke Aquaculture, empresa salmonera de capitales canadienses, y la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) en relación a las sobreproducciones registradas en el Centro de Engorda de Salmones (CES) Huillines 3, ubicado al interior del Parque Nacional Laguna San Rafael, y la negativa de la empresa de aceptar la paralización de este centro mientras esto se investiga.

El historial detrás de este conflicto es complejo, pero, en resumidas cuentas, se basa en que el mencionado CES comenzó sus primeras operaciones antes de que existiera la institucionalidad ambiental, aunque lo hizo con un proyecto técnico y montos de producción muy diferentes a los de hoy. Ese es el argumento al que recurre la empresa, que considera que -solo por el hecho de haber iniciado sus operaciones antes de la existencia de la institucionalidad ambiental- puede continuar su producción e incluso aumentarla, modificando la naturaleza del proyecto original, sin someterse siquiera al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Es así que cuando Cooke informó a Sernapesca su intención de sembrar 600 mil smolts (salmónidos juveniles) en Huillines 3, lo que implicaría una cosecha de alrededor de 2.500 toneladas de salmón, la SMA prendió las alarmas e inició una investigación, argumentando que si un proyecto técnico se modifica -como se establece el artículo 2 letra g) del Reglamento del SEIA-, debe someterse obligatoriamente a una evaluación y Cooke, aparentemente, no ha tenido la intención de pasar por este proceso básico, que implica evaluar los impactos de sus operaciones, al igual que muchos otros proyectos de salmonicultura en el país.

De este modo, la SMA acudió al Tercer Tribunal Ambiental (3TA) para solicitar una autorización judicial de paralización de esta siembra. Cooke, por su parte, ingresó una reclamación alegando la supuesta ilegalidad de la medida cautelar, proceso que quedó en nada, pues la medida solo rige por 30 días, por lo que el tribunal no tuvo nada sobre lo que resolver al final de ese periodo; por lo que la salmonera decidió llevar este tema a la Corte Suprema en un proceso que aún sigue en desarrollo.

Luego, la canadiense volvió a la carga e informó a Sernapesca su intención de sembrar 600 mil smolts en Huillines 3, lo que dio inicio, nuevamente, a este loop: SMA pidió al 3TA la autorización de esta medida cautelar y se detuvo la siembra. La empresa salmonera Cooke reclamó y, esta vez, exigió al tribunal pronunciarse sobre el fondo de esta medida (anteriormente, al haber caducado el plazo de la medida cautelar, el tribunal valdiviano solo se refirió a la “forma”, pues ya no aplicaba una determinación más profunda sobre una medida que ya no tenía vigencia), algo que debiera resolverse pronto.

Mientras el primer proceso se encuentra hoy en la Corte Suprema y el segundo debiese tener un pronunciamiento del 3TA en estos días, Cooke decidió nuevamente anunciar a Sernapesca que iniciará una siembra de 600 mil smolts en Huillines 3. Y en paralelo, está intentando sembrar la misma cantidad en Huillines 2 (un CES vecino ubicado también al interior del P.N. San Rafael), a lo que la SMA respondió -nuevamente- con una solicitud de cautelar para ambas siembras.

El chantaje ambiental de salmonera Cooke

Lejos de aceptar la regulación (incluso considerando que, en el caso de estos centros, es más laxa que en otras operaciones) y respetar la institucionalidad, Cooke persevera en su intención y amenaza con cerrar sus operaciones en el país si se le solicita que cumpla con la legislación ambiental, en una acción que puede ser interpretada como una medida de presión más a los tribunales que se encuentran definiendo su situación.

El caso de la salmonera Cooke no solo levanta alertas respecto de una operación al interior de un área protegida de la que la autoridad ambiental no tiene mayor información (ya que nunca se levantó, por ejemplo, una línea de base cuando se entregó la concesión a la canadiense), sino que también es una muestra de cómo son las mismas industrias las que judicializan procesos y ralentizan sus propias inversiones.

Sobre lo anterior, cabe preguntarse por qué Cooke no escoge un camino más simple y que no implique eludir el sistema, y opta por evaluarse ambientalmente como corresponde de acuerdo a nuestra legislación. En cambio, el modus operandi escogido para enfrentar este proceso es el que diversas empresas están adoptando: negar lo evidente, responsabilizar a terceros, judicializar y presionar o incluso amenazar a las autoridades.

Sembrar el caos y desestabilizar la institucionalidad parece ser la respuesta de una porción (lamentablemente, cada vez más grande) del sector privado y, particularmente, del salmonero, que busca en este desorden la oportunidad de seguir operando al margen de la ley y aprovechando una fiscalización del todo ineficiente. Después de todo a río revuelto…