Los diputados del Partido de la Gente (PDG) y miembros de la Comisión de Salud, Lilian Betancurt y Roberto Arroyo, oficiaron al Minsal, al Servicio de Salud y al propio presidente José Antonio Kast sobre los protocolos de seguridad en pabellón y los sumarios administrativos correspondientes tras la denuncia de uso de una jeringa con VIH en el hospital Sótero del Río.
La denuncia nace de una paciente, quien se sometió a una cesárea en el citado hospital durante 2024. Acá, aseguró que se le administró anestesia con una jeringa utilizada previamente en un paciente portador de VIH.
Según acusó la afectada, pese a que desde el hospital se le confirmó que la carga viral era “menor a 20”, es decir, la probabilidad de contagio sería “muy baja” o “casi nula”, la afectada denunció que debió someterse a diversos exámenes y su bebé (que también es su primer hijo) debió ser alimentado con fórmulas.
Por ello, tanto Betancurt como Arroyo anunciaron acciones fiscalizadoras para conocer los protocolos vigentes y las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias frente a estos hechos.
Betancurt ofició al Ministerio de Salud y al Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente para solicitar antecedentes sobre las normas vigentes en pabellones quirúrgicos y obstétricos respecto del uso, manejo, desecho y reposición de jeringas y agujas, además de conocer si existen sumarios administrativos.
“Un procedimiento tan básico como el uso seguro de jeringas y agujas no puede quedar sujeto a errores ni a improvisaciones. Queremos saber qué protocolos existen, cómo se fiscaliza su cumplimiento y si efectivamente se investigaron estos hechos, porque la seguridad de los pacientes debe ser una garantía en toda la red asistencial”, señaló.
Los oficios también buscan conocer cómo se supervisa el cumplimiento de las precauciones estándar, las capacitaciones al personal de pabellón y los registros de eventuales incidentes relacionados con la reutilización de insumos de un solo uso.
En paralelo, ambos diputados impulsaron una solicitud al presidente Kast para evaluar la implementación de un Plan Nacional de Seguridad en el Uso de Inyectables, que contemple estándares comunes, auditorías periódicas, capacitación del personal clínico, protocolos de seguimiento para pacientes expuestos a eventuales incidentes y un sistema de registro y notificación de eventos adversos.
“Este caso debe servir para revisar y fortalecer los estándares de seguridad en toda la red de salud. No basta con investigar un hecho puntual, necesitamos mecanismos de prevención, fiscalización y seguimiento que permitan evitar que situaciones de esta naturaleza vuelvan a ocurrir”, sostuvo Arroyo.
La iniciativa apunta a reforzar la trazabilidad y el control del uso de insumos inyectables, además de transparentar periódicamente los resultados de las supervisiones y los sumarios instruidos por estas materias, resguardando la identidad de pacientes y terceros.