Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.
La Contraloría defendió ante el Tribunal Constitucional el Decreto Supremo 68 del Minvu y descartó que vulnere la Constitución o la autonomía municipal. El organismo sostuvo que la norma no altera los planes reguladores ni sus límites de densidad. Sin embargo, alcaldes de Estación Central, Independencia y Lo Barnechea, junto al gobernador Claudio Orrego, advirtieron que podría agravar la sobrecarga urbana y favorecer nuevos “guetos verticales”. El TC deberá resolver el requerimiento presentado por 46 diputados opositores.
Frente a la defensa que hizo la Contraloría ante el TC de los cambios del gobierno a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, autoridades municipales y regionales insisten en que la reforma podría repetir el fenómeno de los “guetos verticales”, y complicar aún más la densidad inmobiliaria en distintas comunas de la capital.
Fue mediante un escrito de 13 páginas donde la Contraloría descartó que el Decreto Supremo 68 vulnere la Constitución. Según el organismo, este decreto no modifica los planes reguladores comunales ni los límites de densidad que fijan los municipios.
Por el contrario, asegura la entidad, lo que hace es agregar nuevos factores para calcular cuántas viviendas caben en un terreno. Además, sostuvo que los beneficios de mayor altura para los conjuntos armónicos ya están contemplados en la ley.
Lo anterior, respondiendo al requerimiento que presentaron el 26 de octubre 46 diputados de oposición, encabezados por Ana María Gazmuri (Acción Humanista) y Tatiana Urrutia (Frente Amplio).
A la misiva, se sumaron también el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz y el gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, calificando la acción del Gobierno como un exceso en su potestad reglamentaria y como una pasada a llevar de la autonomía municipal.
Orrego, quien en 2017 bautizó como “guetos verticales” a las torres hiperdensas de Estación Central, señaló su molestia frente a lo planteado por Contraloría, ya que a su juicio, esto tenía que ser revisado por el TC, ya que sigue siendo anticonstitucional. Además, afirmó que la densidad no se puede aumentar “vía decreto.
“Yo creo que es muy complicado que se pretenda aumentar la densidad de una ciudad completa por la vía del decreto y no por la vía de la planificación”.
Las críticas también llegaron desde la derecha. El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, independiente cercano a la UDI, cuestionó la reforma por lo que ha vivido su comuna, marcada por la crisis inmobiliaria y la proliferación de edificios de alta densidad.
“Creo que se debía haber considerado la variable de la densidad en las comunas que hoy día existe. ¿Cómo pensamos una modificación que no afecte a las comunas que ya hoy día tienen muy sobreexplotadas sus servicios básicos en salud, en educación, por un cambio poblacional importante?”.
Asimismo, el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, pese a estar de acuerdo con el crecimiento, también rechazó la instancia que permite el aumento de densidad inmobiliaria en comunas que han tenido problemas con esta situación.
“Pero discrepamos de que se permita construir más vivienda, aumentar la superficie de edificado, levantar edificios más altos sin evaluar primero el impacto que va a tener en los barrios”.
La Contraloría tomó razón del decreto el 1 de octubre, después de que el Minvu ajustara el texto original para responder a sus observaciones.
Entre ellas estaba eliminar el coeficiente de dos habitantes por vivienda, por lo que los proyectos que ya tenían permiso podrán acogerse a las nuevas reglas en un plazo de dos años, con un aumento máximo de 20% de la superficie.
Ahora, el Tribunal Constitucional es el que deberá pronunciarse sobre el fondo del requerimiento, aún sin fecha para su fallo.
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