La Policía de Investigaciones allanó este viernes la sede en Ñuñoa y en Antofagasta de la Fundación Democracia Viva, además de la Seremi de Vivienda en Antofagasta, esto por instrucción de la Fiscalía que investiga posibles delitos de corrupción por el traspaso de $427 millones.
Efectivos de las Brigada de Delitos Económicos de la PDI llegaron la tarde de este viernes al departamento que entregó como dirección la Fundación Democracia Viva, luego que Fiscalía iniciara una investigación después que el Seremi de Vivienda de Antofagasta le transfiriera más de $427 millones por diferentes convenios.
La diligencia de la PDI fue encargada por la Fiscalía de Antofagasta que abrió una investigación de oficio por este caso, además también fue registrada la sede de la fundación en la región nortina y la Seremi de Vivienda de dicha zona.
“La Fiscalía Regional de Antofagasta concretó esta tarde diligencia de entrada, registro e incautación, en el domicilio de la Fundación Democracia Viva en la comuna de
Ñuñoa, como asimismo en las oficinas de la Seremía de Vivienda de Antofagasta”, explicó el Ministerio Público.
“Todo esto, en el marco de la investigación de oficio abierta por el Ministerio Público
por eventuales delitos en la asignación de convenios para proyectos en campamentos de la ciudad, con cargo a recursos del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo”, añadió Fiscalía en el comunicado.
De esta forma, efectivos de la PDI llegaron al departamento ubicado en calle Exequiel Fernández en la comuna de Ñuñoa y en febrero de 2022 fue inscrita como domicilio de la Fundación Democracia Viva, pese a que la dueña del domicilio declaró no participar de esta organización.
La polémica de Democracia Viva se origina luego que el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, autorizara convenios por cerca de $427 millones, mientras que la organización era presidida por Daniel Andrade, pareja de la diputada Catalina Pérez. Todos militantes de Revolución Democrática.
“La diligencia fue desarrollada en forma simultánea por personal de la Brigada de
Delitos Económicos de Antofagasta y Santiago de la Policía de Investigaciones, con la
debida autorización del Juzgado de Garantía de Antofagasta, solicitada por el fiscal Cristian Aguilar Aranela, con la finalidad de reunir elementos que permitan corroborar la existencia de los hechos investigados, en los términos de configurar o no un delito”, cierra el comunicado del Ministerio Público.
