Caso José Randolph: condenado por violación de DDHH pide cambiar Punta Peuco por libertad vigilada

El carabinero en retiro Jaime Barría fue condenado por la Corte Suprema a la pena efectiva de 5 años y 1 día de cárcel. En ese contexto, fue enviado el 2020 a la cárcel de Punta Peuco, junto a un segundo ex uniformado, Edmundo Vera, ambos responsables del homicidio de José Randolph el año 1985.

A tres años de la resolución, Barría presentó al ministro en visita, Carlos Aldana, la solicitud para cambiar la modalidad en el cumplimiento de la sanción, de cárcel efectiva a libertad vigilada, lo que ya fue rechazado en primera instancia y de ahí el recurso a la Corte de Apelaciones penquista.

El abogado experto en derechos humanos, Adolfo Montiel, explicó que los condenados por delitos de lesa humanidad no tienen derecho al beneficio y por eso el tribunal de alzada debería mantener la resolución del juez Aldana.

“Tienen que cumplirse los requisitos. Pero ojo, hay una disposición que los Derechos Humanos, la gente que violó delitos contra la humanidad no tienen derecho a estos beneficios carcelarios. Exige cumplimiento de 2/3 de la condena y el informe de Gendarmería favorable”, dijo el jurista.

Familia espera que se rechace solicitud

José Acevedo, dirigente de la Agrupación de Familiares de Víctimas de la dictadura e hijo del desaparecido alcalde de Coelemu, Luis Acevedo, espera que a 50 años del Golpe Militar la libertad que pide el ex uniformado sea rechazada, denunciando que hay un intento de los violadores de DD.HH. de victimizarse.

“El tema es quién se ha preocupado por la familia de las víctimas. El Estado no se ha preocupado del daño que hemos sufrido a través de estos años, de los 50 años del Golpe de Estado. Ellos, los condenados, no quieren hablar por los pactos de silencio. Solicitamos que los tribunales no concedan la libertad a ellos”, manifestó.

En igual sentido, se manifestó la hermana del universitario asesinado por los dos ex carabineros, Catina Randolph, calificando como insólito que el condenado pida el beneficio.

“Encuentro inaudito e inaceptable. Además, como condenados, él y el señor Vera por delito de lesa humanidad no tienen ningún derecho a solicitud de pena remitida u otros beneficios de tribunales. Espero que actúen con justicia como lo han hecho hasta ahora”, expuso.

Tras ser rechazada la libertad vigilada por el ministro Aldana, ahora debe pronunciarse la Corte de Apelaciones, para lo cual espera la opinión -que no es vinculante- de la Fiscalía Judicial.