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La Contraloría General de la República detectó serias falencias administrativas y financieras en la Municipalidad de Valparaíso durante la gestión de Jorge Sharp entre 2023 y 2024, con casi 18 mil millones de pesos sin rendición de cuentas, problemas en el control contable y observaciones en el registro de asistencia.
La Contraloría General de la República reveló serias falencias administrativas y financieras en la Municipalidad de Valparaíso durante el último periodo administrativo de Jorge Sharp, entre 2023 y 2024, incluyendo casi 18 mil millones de pesos sin rendición de cuentas, deficiente control contable, además de observaciones al registro de asistencia de autoridades y funcionarios.
El informe también advierte posibles vulneraciones al principio de probidad, como la realización de actividades de carácter electoral en horario laboral y atrasos en sumarios administrativos, ordenando la apertura de procedimientos disciplinarios y el envío de antecedentes al Ministerio Público.
El exalcalde Jorge Sharp señaló que el informe descarta irregularidades graves y afirmó que existen acusaciones sin fundamento respecto al uso de recursos públicos con fines electorales.
A ello, agregó que los montos observados corresponden a préstamos aprobados por el Concejo Municipal.
Desde la actual administración municipal, confirmaron que se encuentran dentro del plazo legal para informar a la Contraloría el inicio de los procesos disciplinarios correspondientes, plazo que es de 15 días hábiles contados desde la recepción del informe, conforme a la normativa vigente.
En tanto, el concejal Leonardo Contreras confirmó que la oposición evalúa acciones legales tras la publicación del informe, mientras que el exconcejal del período auditado, Vladimir Valenzuela, cuestionó el documento, señalando imprecisiones en su redacción.
Por su parte, la senadora electa, Camila Flores, afirmó que “el informe de la Contraloría es demoledor y confirma que la gestión de Jorge Sharp fue un desastre administrativo, con miles de millones de pesos sin rendir, controles inexistentes y una opacidad absolutamente inaceptable en el uso de recursos públicos”.
Ante estos antecedentes, el ente contralor ordenó iniciar procedimientos disciplinarios, evaluar la restitución de recursos públicos y remitió los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.
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