Una investigación penal mantiene el Ministerio Público de Los Ríos sobre eventuales irregularidades en la derivación de una menor osornina de 5 años a un hogar colaborador del Sename en Valdivia durante 2007.

El padre de la niña denuncia vulneraciones y la desaparición de pruebas.

La causa involucra a una red de Consejeros Técnicos, funcionarios de la Corte de Apelaciones de Valdivia y a la jueza de Familia de Osorno, Verónica Vymazal, por quienes el Ministerio Público instruyó tres investigaciones en noviembre de 2020: una a cargo de la Fiscalía de Los Lagos y dos por fiscales especiales de Valdivia.

Según relató el padre de la menor, Francisco Burgos, los hechos se remontan a 2007, cuando tenía la tuición de su hija y fue denunciado por la madre de abuso sexual contra la pequeña. Acusación que, aseguró, fue desmentida por el Servicio Médico Legal, logrando recuperar el cuidado siete meses después.

En ese proceso, mientras se indagaba la denuncia, su hija fue derivada a un hogar el Valdivia, donde habría sufrido una serie de vulneraciones.

“Mi hija fue golpeada, no le daban comida, fue maltratada, abusada y torturada”, acusó el padre.

Relató que presentó dos denuncias, en 2013 y 2014, las que fueron archivadas y prescritas, por falta de pruebas, pese a que las presentó, por eso asegura que desaparecieron.

Respecto a las acusaciones en contra de la residencia colaboradora del Sename, que se habrían registrado hace 14 años, su actual coordinadora, Carolina Santamaría, quien por esos años trabajaba en el centro, aseguró desconocer la denuncias, pero que están abiertos a investigaciones.

La coordinadora destacó que el organismo es una sociedad con 57 años de trayectoria y que siempre ha apoyado en intervención y a menores vulnerados.

Por su parte, el hombre aseguró que busca justicia y reparación para su hija, quien actualmente tiene 19 años.

Radio Bío Bío consultó a los organismo involucrados, donde desde Corte de Apelaciones de Valdivia derivaron al Ministerio Público.

Desde la Fiscalía de Los Lagos indicaron que la Fiscalía de Osorno cerró la causa en 2012 sobre prevaricación judicial y administrativa por falta de antecedentes.

En el caso de la Fiscalía de Los Ríos, confirmaron que se inició una investigación penal, pero por estar en curso no realizarán declaraciones.

Mientras que el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Mauricio Olave, indicó que sólo se remitirán a una declaración emitida por la vicepresidenta de la Asociación y jueza de familia en Osorno, Verónica Vymazal.

En el documento, la magistrada desmiente las denuncias en su contra, indicando que sobre sus decisiones respecto a la menor entre los años 2007 y 2008, consideró opinión técnica, evaluaciones y diagnósticos de un extenso listado de profesionales e instituciones, y que fue entregado su cuidado en atención a las graves vulneraciones que se acreditaron. Versión opuesta a la presentada por el padre.

Aseguró que la denuncia es infundada, desconociendo la investigación penal, al igual que la pérdida o desaparición de carpetas o documentos.

Mientras que el archivo sobre instrucción de investigaciones al que tuvo acceso Radio Bio Bio, da cuenta de diligencias en tres aristas: las conductas desplegadas para aplicar medidas de protección a la menor durante los años 2007-2008; por la denuncia sobre eventual desaparición de pruebas; y, en un tercer punto, por la denuncia de abusos, torturas y golpizas.

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