El gobernador Luciano Rivas había anunciado procedimientos administrativos en contra de los funcionarios investigados, pero eso no se ha concretado.

El gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas, confirmó que sus cuatro jefes de división, querellados por el Consejo de Defensa del Estado por el Caso Convenios, siguen en funciones sin sumarios de por medio.

Por los delitos de fraude al Fisco y lavado de activos, el Consejo de Defensa del Estado se querelló contra el jefe de Administración y Finanzas, el jefe de Presupuesto e Inversión, el jefe de Infraestructura y Transportes y la jefa de División Fomento e Industria del GORE.

Sin sumarios y en funciones

Esto ocurrió hace poco más de un mes y desde esa fecha el Gobierno Regional no ha iniciado ningún proceso administrativo interno para indagar posibles irregularidades. Es más, los cuatro jefes de división siguen en sus funciones.

Así lo confirmó a Radio Bío Bío el gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas, quien luego que estallara el Caso Convenios ha evitado los encuentros con la prensa.

En tanto, en octubre, la PDI allanó las oficinas del GORE por una de las aristas del Caso Convenios. En ese momento, Rivas comprometió procedimientos administrativos, ya que las diligencias involucraban a tres funcionarios de la repartición que preside.

No obstante, a la fecha, no ha tomado ninguna medida administrativa contra los trabajadores en cuestión, donde incluso se encuentra su jefe de gabinete, quien también sigue en funciones.

Consultada la Consejera Regional del PPD, Ana María Soto, lamentó que funcionarios del GORE estén involucrados y dijo que la justicia debe actuar independiente de quien sea.

Dentro de las irregularidades detectadas por la Contraloría, está la contratación de una trabajadora del GORE por parte de la Fundación Local, a quien, días antes, la misma funcionaria había evaluado técnicamente los programas que fueron financiados para la entidad privada.

Desde el Gobierno Regional se defienden y aseguran que están cumpliendo con las recomendaciones de los organismos fiscalizadores, los mismos que hoy mantienen en entredicho la gestión del gobernador Rivas.