Una auditoría realizada por Contraloría en medio del Caso Convenios, reveló que una mujer que trabajó en el Gobierno Regional de La Araucanía desde inicios de 2015 hasta enero de este año, fue contratada por la cuestionada Fundación Local para ejecutar programas que ella misma evaluó.
La Contraloría, en el marco de la investigación por el Caso Convenios, detectó que una funcionaria del Gobierno Regional (GORE) de La Araucanía, fue contratada por la cuestionada Fundación Local para ejecutar programas que ella misma evaluó técnicamente, por más de $3.000 millones.
En concreto, la situación quedó al descubierto tras una auditoría realizada por el ente contralor al Gobierno Regional, revelando una serie de irregularidades en traspasos a fundaciones.
Se constató que en dependencias del GORE de La Araucanía, específicamente en la División de Fomento e Industria, se desempeñó, al menos, una persona que fue contratada por Fundación Local, entidad que recibió transferencias para la ejecución de los programas analizados.
La funcionaria cumplió labores a contrata en el Gobierno Regional desde el 2 de enero de 2015 al 3 enero de 2023, desarrollando labores relacionadas con la revisión de la admisibilidad de los programas de la Fundación Local y las rendiciones efectuadas por la misma.
Inmediatamente, posterior al cese de sus labores en el GORE, la funcionaria fue contratada por la Fundación Local, siendo sus remuneraciones financiadas con recursos asignados por el mismo Gobierno Regional, para la ejecución de las iniciativas de inversión, lo que –según la Contraloría- puede incidir en la imparcialidad y en el manejo de información privilegiada por parte de estas.
Es así que el organismo fiscalizador constató que la trabajadora pública, participó de la comisión técnica evaluadora de cuatro iniciativas asignadas a Fundación Local, las que fueron aprobadas por más de $3.000 millones.
Junto con esto, se detectó una débil estructura de control interno, respecto a la asignación de recursos públicos, poniendo en riesgo el buen uso de los mismos, además de carecer de una regulación mínima que permita una selección adecuada y transparente de las entidades ejecutoras.
Por ello, la Contraloría ordenó el inicio de los respectivos sumarios para determinar eventuales responsabilidades administrativas, situación que está siendo evaluada por el equipo jurídico del Gobierno Regional.
Pese a que Radio Bío Bío consultó sobre esta arista al GORE de La Araucanía, el mencionado departamento de asesoramiento del GORE de La Araucanía no se pronunció sobre el tema.
Recordemos que la misma Fundación Local y su vínculo con el GORE, está siendo investigada penalmente por la Fiscalía. Esta es una de las siete causas del Caso Convenios en La Araucanía y que mantiene en calidad del imputado al Gobernador Luciano Rivas.
