El Tribunal Constitucional (TC) cerró el período de observaciones en el requerimiento presentado por la Asociación de Magistrados y Magistradas de Chile, que busca cuestionar la constitucionalidad de las normas que regulan los procedimientos de remoción de jueces.
Con esta etapa cumplida, la causa quedó en condiciones de avanzar hacia los alegatos de las partes.
La presentación apunta a disposiciones del Código Orgánico de Tribunales que regulan estos procedimientos, en el marco de los cuadernos de remoción por viajes al extranjero con licencias médicas.
Desde la Asociación, su abogada Elisa Walker explicó que tanto la organización como el Consejo de Defensa del Estado, que representa a la Corte Suprema en esta causa, ya entregaron sus observaciones al TC.
“El Tribunal Constitucional ha dado término a este período de observaciones y la causa ya estaría en condiciones para, más adelante, que se cite a ambas partes para presentar sus respectivos alegatos sobre esta materia”, explicó.
En vista de aquello, el Tribunal Constitucional ha dado término a este período y la causa ya estaría en condiciones de que, más adelante, se cite a ambas partes para presentar sus respectivos alegatos.
Sin embargo, una eventual resolución favorable a los magistrados no necesariamente tendría consecuencias sobre los procedimientos de remoción que actualmente se tramitan en la Corte Suprema.
Así lo planteó Felipe Lizama, académico de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago, quien explicó que se trata de un requerimiento de inaplicabilidad asociado a una causa laboral específica y no de una acción que permita eliminar las normas cuestionadas con efectos generales.
En esa línea, el especialista sostuvo que un eventual fallo favorable únicamente impediría aplicar esas disposiciones en el juicio laboral que dio origen al requerimiento, pero no dejaría sin efecto los cuadernos de remoción ni los acuerdos adoptados por el pleno del máximo tribunal.
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Jueves 01 Enero, 1970 | 00:00
“Una sentencia estimatoria, a mi juicio, solo impediría al juez laboral aplicar esos preceptos en el marco de la tutela laboral, sin que ello comprendiera los cuadernos, ni menos creo yo que invalidara los acuerdos del pleno. No veo, no diviso la posibilidad que eso surja efectos concretos que impidan la materialización del cuaderno de remoción”, apuntó.
El académico agregó que la facultad de remoción también tiene un fundamento directo en la Constitución, particularmente en su artículo 80, por lo que considera difícil que la eventual inaplicabilidad de las normas del Código Orgánico de Tribunales impida concretar esos procedimientos.