La Contraloría General de la República solicitó formalmente al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación entregar un informe sobre el acuerdo suscrito con la empresa estadounidense OpenAI, luego de una presentación del diputado Jaime Araya, quien pidió revisar la legalidad del convenio y esclarecer eventuales compromisos de recursos públicos, protección de datos y gastos asociados al viaje de la ministra Ximena Lincolao a Estados Unidos.
Mediante un oficio al que accedió BioBioChile, fechado el 18 de noviembre, el organismo fiscalizador otorgó a la cartera un plazo de 10 días hábiles administrativos, contados desde la total tramitación del documento, para responder los cuestionamientos planteados por el parlamentario.
La instrucción establece que el informe deberá ser elaborado con la participación de la asesoría jurídica o de un abogado del ministerio, además de acompañar todos los antecedentes necesarios para resolver la presentación.
El requerimiento se produce luego de que Araya acudiera a la Contraloría para solicitar un pronunciamiento sobre el memorándum de entendimiento denominado OpenAI para Chile, firmado el pasado 16 de noviembre en San Francisco por la ministra Lincolao y el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman.
En su presentación, el diputado cuestionó que no se conozca públicamente el texto íntegro del acuerdo, su duración, las obligaciones asumidas por el Estado ni si contempla compromisos financieros.
También pidió determinar si el convenio se ajusta a las atribuciones legales del Ministerio de Ciencia y si su implementación deberá someterse a las normas de contratación pública.
Gastos del viaje y protección de datos
Uno de los puntos abordados por Araya apunta al viaje oficial de Lincolao a Estados Unidos, donde se concretó la firma del acuerdo.
El parlamentario solicitó conocer la autorización administrativa del desplazamiento, la composición de la comitiva y el detalle de los gastos en pasajes, alojamiento y viáticos, además de establecer si alguna empresa privada financió parte de esas actividades.
La presentación también plantea interrogantes sobre el tratamiento de datos personales y la eventual transferencia internacional de información mediante herramientas de inteligencia artificial.
A ello se suma la solicitud de antecedentes sobre otro memorándum firmado por el ministerio con ElevenLabs, empresa especializada en generación de voz mediante inteligencia artificial.
Araya pidió, además, identificar todos los convenios similares suscritos por la cartera con empresas del sector desde el 11 de marzo de 2026, junto con establecer si existió coordinación con la Secretaría de Gobierno Digital, dependiente de Hacienda.
La intervención de Contraloría, por ahora, corresponde a una solicitud de antecedentes y no constituye un pronunciamiento sobre la legalidad de los acuerdos.
Un acuerdo que ya había generado cuestionamientos
Según informó BioBioChile, el memorándum con OpenAI contempla explorar herramientas de inteligencia artificial para modernizar la administración pública, capacitar funcionarios y apoyar emprendimientos tecnológicos nacionales.
De acuerdo al documento al que accedió BioBioChile, estableció que se trata de un acuerdo no vinculante, que no contempla compras, exclusividad ni acceso automático a sistemas o bases de datos estatales.
Desde el Ministerio de Ciencia aseguraron que la firma no tiene costo para el Estado y que las capacitaciones utilizarán datos abiertos o sintéticos, sin incorporar información personal de los ciudadanos.
La solicitud de Contraloría representa un nuevo paso en los cuestionamientos que enfrenta Lincolao por esta alianza. El propio Araya había advertido que correspondía determinar si la ministra actuó dentro de sus facultades y si los mecanismos contemplados para implementar el acuerdo se ajustan a la legislación.
En declaraciones recogidas por BioBioChile, el diputado sostuvo que “no cualquier persona puede acceder a datos personales de los chilenos y chilenas”, insistiendo en la necesidad de establecer controles sobre la eventual utilización de estas tecnologías en el Estado.
Ahora, el Ministerio de Ciencia deberá entregar sus explicaciones a la Contraloría, que tendrá que evaluar los antecedentes antes de determinar si corresponde adoptar medidas adicionales.