Este jueves finalizaron los alegatos ante el Tribunal Constitucional (TC) para analizar la legalidad de buena conducta de los abogados. La instancia que se extendió por cerca de una hora y media y estuvo centrada en los argumentos del Consejo de Defensa del Estado (CDE), quien compareció en representación de la Corte Suprema.
El abogado del CDE, Sebastián Soto, argumentó que se debe mantener el requisito de buena conducta para la idoneidad de la profesión.
Lo anterior, pese a que hay 9 fallos del TC que previamente declararon inconstitucional que se exija un certificado que acredite esta condición para que los abogados puedan recibir su título profesional.
Finalizada la vista de la causa, el pleno deliberará y adoptará el acuerdo. El pleno tiene un plazo de 30 días para dictar sentencia respecto a si se debe derogar o no dicha exigencia del Código Orgánico de Tribunales.
Ahora bien, como se está tratando de la posible expulsión de una norma, se necesita un acuerdo de 4/5 del pleno, es decir, 8 votos de 10 ministros para zanjar la polémica.
En este contexto, Soto afirmó que, debido a los recientes escándalos de jueces involucrados, abogados y ministros involucrados en temas de probidad, se debe mantener el estándar ético.
“La ética es un campo distinto al derecho penal. En ocasiones puede no cometer delitos, pero actuar contra la ética. Esa autonomía es la que también requiere ser resguardada y el requisito de buena conducta, a nuestro juicio, lo hace”, aseguró.
Por otro lado, el presidente del Colegio de Abogados, Ramiro Mendoza, fue enfático en señalar que, si es que el TC decide declarar inconstitucional la exigencia de buena conducta para los abogados, finalmente la Suprema no debería seguir entregando los títulos a los juristas, labor que debería recaer netamente en las casas de estudio, como ocurre en el resto de las profesiones.
“Lo que estaríamos dejando, en realidad, sería el título de abogado en manos de la Corte Suprema, pero amarrándole las manos para que pudiera hacer alguna indagación que dice relación con el merecimiento conductual”, explicó.
Para el director de la Escuela de Derecho de la Universidad Finis Terrae, Pablo Alarcón Jaña, los cambios que se hicieron en la Constitución en 2005 instaron al Poder Legislativo a normar los estándares éticos y qué tipo de conductas deben mantener los profesionales para ejercer su oficio, situación que hasta la fecha no ha sido resuelta.
“Desde el año 2005, cuando se modificó en forma importante la Constitución Política de la República, se estableció en el 19.º número 16 la obligación del legislador de dictar una norma que estableciera parámetros éticos no solo para la profesión de abogado, para todas las profesiones. Esa norma, hasta el día de hoy, han pasado más de 21 años y no se ha dictado. Eso demuestra, lamentablemente, un poco interés del legislador por estas materias”, indicó.
El relator del TC, José Francisco Leyton, precisó que la Corte Suprema tiene la facultad para requerir los antecedentes que sean necesarios sobre los postulantes, pero siempre tendrán ciertas limitaciones. Se deben excluir antecedentes como convicciones políticas y religiosas.
“Existen límites constitucionales en la evaluación de antecedentes personales. La facultad, así, de la Excelentísima Corte Suprema para practicar las averiguaciones que estime necesarias, siempre debe alcanzar una interpretación de tipo restrictivo”, señaló.
A ello, agregó: “Esas investigaciones deben ser, en todos los casos, pertinentes, necesarias y proporcionales a la necesidad de verificar la idoneidad profesional de la o del postulante”.
Finalmente, queda esperar la sentencia del TC para ver si se hacen ajustes o precisión de la norma de buena conducta que deben tener los abogados.