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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El Gobierno decidió retirar su reforma constitucional de seguridad al no conseguir respaldo en el Senado, lo que abre un nuevo escenario para discutir medidas contra el crimen organizado. La iniciativa buscaba establecer un Estado de Excepción de Seguridad Pública con amplias facultades al Ejecutivo, generando diferencias en su alcance y control. Ante su fracaso, se prepara una propuesta alternativa liderada por senadores como Andrés Longton, que abordará temas similares pero con un diseño distinto.

La decisión del Gobierno de retirar su reforma constitucional de seguridad abrió un nuevo escenario para la discusión de las medidas destinadas a enfrentar el crimen organizado. La iniciativa no logró reunir los respaldos necesarios en el Senado y quedó sin posibilidades de avanzar en su actual tramitación.

El proyecto buscaba establecer un nuevo Estado de Excepción de Seguridad Pública, entregando mayores facultades al Ejecutivo para responder ante situaciones vinculadas a la violencia y la delincuencia. Durante su discusión surgieron diferencias respecto del alcance de estas atribuciones y de los mecanismos de control que tendría el presidente.

Desde el Partido Socialista, el diputado José Antonio Rivas, calificó la reforma como un fracaso y sostuvo que su retiro representa una buena noticia para Chile.


Mientras el proyecto del Ejecutivo queda fuera de la discusión, el debate por una reforma constitucional en materia de seguridad continuará por otra vía.

Un grupo de senadores prepara una propuesta alternativa, que será presentada esta semana y que busca abordar parte de las mismas materias, aunque con un diseño diferente al planteado por La Moneda.

Entre sus impulsores está el senador Andrés Longton, quien reconoce que existen objetivos compartidos con el Gobierno. Entre ellos menciona el combate al crimen organizado, la necesidad de entregar mayores herramientas al Estado mediante el Estado de Emergencia y la posibilidad de segregar a los delincuentes considerados de mayor peligrosidad.



La nueva propuesta incorpora además modificaciones relacionadas con el tratamiento constitucional del crimen organizado y con el sistema penitenciario, buscando establecer mecanismos diferenciados para quienes representan distintos niveles de peligrosidad.

Longton plantea que las diferencias con el proyecto del Ejecutivo no impiden buscar puntos de encuentro y que, más allá de la presentación de la iniciativa, la expectativa está puesta en alcanzar acuerdos durante su discusión en el Congreso.

De esta manera, el retiro de la reforma del Gobierno no cierra el debate sobre las herramientas constitucionales en materia de seguridad. La discusión continuará ahora sobre una propuesta alternativa que deberá buscar respaldo parlamentario para avanzar.

La información es de Cristopher Aguilera