Organizaciones feministas piden al Congreso proteger recursos para el aborto legal en Presupuesto 2027

Integrantes de la Coordinadora Feminista 8M (CF8M) convocaron este lunes a un “pañuelazo” en las inmediaciones del Metro Baquedano, Región Metropolitana, en el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal. En este contexto, las organizaciones feministas, sociales y de derechos humanos pidieron al Congreso mantener en el presupuesto público de 2027 los recursos destinados a la implementación de la ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales específicas.

“Un aborto legal y seguro, y una maternidad libremente elegida, requieren de hospitales abiertos, atención primaria con capacidad de respuesta, insumos garantizados y equipos de salud disponibles”, señala la carta entregada por 35 colectividades a los diputados y senadores.

Ante el inicio de la discusión en el Congreso de la Ley de Presupuestos de 2027, que el Ejecutivo tiene plazo para presentar hasta este miércoles, las organizaciones solicitaron proteger el financiamiento de la atención primaria y los hospitales públicos; así como garantizar el acceso a anticonceptivos, medicamentos e insumos necesarios para la interrupción del embarazo.

Apoyo al aborto en tres causales

La vocera de la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, Siomara Molina, destacó que “el aborto tres causales tiene más del 70 % de apoyo en Chile, el desafío hoy es garantizar que pueda implementarse de manera efectiva para todas las personas, independientemente del lugar donde vivan o del centro de salud donde se atiendan”.

En Chile, el aborto es legal desde 2017 cuando se cumple alguna de estas condiciones: riesgo para la vida de la madre, inviabilidad fetal o violación.

Las organizaciones advirtieron que la preocupación surge tras el ajuste presupuestario que se aplicó durante 2026 al Ministerio de Salud y sus efectos en el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), el seguro público que financia y otorga cobertura médica a la mayor parte de la población del país.

La propia ministra de Salud, May Chomalí, informó a inicios de septiembre ante el Congreso que, tras la reducción del 2,5 % de presupuesto, su cartera requerirá alrededor de 3.200 billones de pesos adicionales (3.319 millones de dólares al cambio actual) para cubrir el gasto proyecto del año.

“El aborto es un asunto de salud pública y es responsabilidad del Estado garantizar una atención segura, oportuna, digna y libre de estigmas“, señaló por su parte la directora nacional y secretaria de Mujer y Diversidad de la Confederación de Profesionales Universitarios de la Salud (Confedeprus).

“Como trabajadoras y trabajadores de la salud pública, seguiremos trabajando para avanzar en derechos. El aborto legal y seguro es salud pública”, agregó.

La carta fue enviada por las organizaciones en el marco del Día de la Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, fecha que también motivó la convocatoria de diecisiete manifestaciones en diez regiones diferentes del país.

Registros:

Fotos de Elvis González – EFE:

Fotos de Víctor Huenante – Agencia UNO: