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El gobierno de José Antonio Kast prepara una reforma al Estatuto Administrativo con cambios importantes. Se espera que el proyecto avance con optimismo en el Congreso. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, entregó detalles y anunció una comisión para evaluar la reforma. Esta busca modernizar el empleo público, siendo uno de los puntos clave la rigidez del sistema administrativo actual.
El gobierno de José Antonio Kast está preparando una reforma al Estatuto Administrativo que promete cambios significativos en el funcionamiento del Estado.
Si bien se trata de una propuesta que ha sido discutida en administraciones anteriores, ahora existe mayor optimismo entre los parlamentarios de que finalmente el proyecto llegue a buen puerto.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, entregó esta mañana nuevos detalles de esta iniciativa que el Ejecutivo planea impulsar junto a la reforma del mercado de capitales que espera socializar en septiembre.
Quiroz explicó que la comisión encargada de evaluar la reforma se formará durante esta semana y trabajará durante un par de meses antes de transparentar sus conclusiones.
El ministro aclaró desde un inicio que la presentación formal del proyecto no estará lista para la discusión del presupuesto 2027, sino que se concretará recién a partir del próximo año. “Ha cambiado el mundo y también las circunstancias”, señaló el titular de Hacienda al justificar la necesidad de modernizar el estatuto que rige el empleo público en Chile.
Entre los aspectos centrales que busca abordar la reforma está la rigidez del actual sistema administrativo, un tema que ha sido objeto de críticas recurrentes por parte de expertos en gestión pública y parlamentarios de diversos sectores.
El ministro fue enfático al señalar que “mucho de lo que va a cambiar tiene que ver con la rigidez” del actual estatuto, agregando que el objetivo principal es “que el Estado sirva mejor a la ciudadanía“. Esta declaración resume el espíritu de una reforma que pretende hacer más eficiente y flexible la administración pública, adaptándola a las necesidades actuales de los ciudadanos y a los desafíos que enfrenta la gestión estatal en el siglo XXI.
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