VER RESUMEN

Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La absolución de Claudio Crespo generó controversia al vincularse con la Ley Naín-Retamal, aprobada en 2023, bajo el gobierno de Boric. Esta norma refuerza la legítima defensa para fuerzas policiales. Tras el fallo, se desató un debate político sobre la aplicación de la ley en el caso de Crespo, que dejó ciego a Gustavo Gatica.

La absolución de Claudio Crespo no solo cerró un juicio. También abrió una herida política en el oficialismo. Apenas comenzó la lectura de veredicto para el exuniformado que dejó ciego a Gustavo Gatica, un nombre volvió a instalarse en el centro del debate: la Ley Naín-Retamal.

Una norma aprobada y promulgada en abril de 2023 —en el actual gobierno del presidente Gabriel Boric— entre aplausos y lágrimas, en medio de una seguidilla de asesinatos de carabineros, una fuerte presión pública y un Congreso decidido a exhibir mano dura.

Hoy, esa misma ley, que además figura en el número 307 de los 1.000 avances que destaca el Gobierno en su portal, es señalada por parte del oficialismo como parte del problema y defendida por la oposición como una garantía para las policías.

Son varios los parlamentarios que recriminan a sus pares del oficialismo, que en ese momento la aprobaron.

Ley Naín-Retamal en el centro del debate tras absolución de Claudio Crespo

Este martes, el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago emitió su veredicto: Claudio Crespo fue absuelto de los cargos en su contra por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas.

Los jueces destacaron que, si bien no existe un registro que muestre a Crespo disparando, la mayoría del tribunal llegó a la conclusión de que el disparo que dejó ciego a Gustavo Gatica sí fue percutado por la escopeta del excarabinero. Así las cosas, la jueza explicó que la conducta de Crespo, “que derivó en las lesiones sufridas” por Gatica, se encuentra amparada en la legítima defensa.

Tras esto, la polémica no tardó en desatarse.

Una de las primeras en poner el tema sobre la mesa fue la diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista) quien afirmó que “la absolución de Claudio Crespo se sostuvo en la aplicación retroactiva de la Ley Naín-Retamal, presentada, tramitada y promulgada durante el actual gobierno, y aprobada con los votos de diputadas y diputados oficialistas”.

La parlamentaria apuntó directamente a quienes respaldaron la iniciativa, pese a que —en su momento— ya existían advertencias sobre sus efectos.

“Es una consecuencia directa del populismo penal que advertimos, razón por la cual votamos en contra de Naín-Retamal, una ley que amplía la impunidad, debilita los estándares de derechos humanos y deja una herencia peligrosa para el uso de la fuerza del Estado en el próximo gobierno”, añadió.

Pero, ¿qué es esta ley y por qué aparece ahora?

La Ley Naín-Retamal reforzó de manera explícita la presunción de legítima defensa para Carabineros, la PDI, Gendarmería y las policías marítima y aeronáutica cuando usan sus armas en actos de servicio. El hecho fue celebrado por el presidente Boric en ese momento.

En la práctica, esto significa que, si un funcionario dispara y afirma haber actuado para defenderse o proteger a terceros, la ley le entrega un piso jurídico más alto que antes. También elevó las penas para quienes ataquen a policías y estableció un estatuto especial de protección para funcionarios de las fuerzas de orden.

Dicho en simple: la balanza quedó un poco más cargada hacia el lado del uniforme, aunque eso no implica que un policía no pueda ser condenado. Es ese cambio en las reglas del juego el que hoy vuelve al centro del debate tras el fallo que absolvió a Crespo.

Desde el oficialismo, varios parlamentarios apuntaron que este marco legal terminó favoreciendo al excarabinero.

Votación Ley Nain-Retamal

Emplazamientos y recriminaciones

Para la diputada Daniela Serrano (PC), la Ley Naín-Retamal “solo ha servido para darle impunidad a aquellos que no tienen pavor alguno para cegar a un manifestante en clara violación a sus derechos humanos”. Junto con expresar su rechazo a la resolución del tribunal, recriminó a sus pares que aprobaron la norma.

“Tal como lo dijimos más de una vez, la aprobación de la Ley Naín-Retamal sería caldo de cultivo para la impunidad de la brutalidad policial”, sostuvo.

En la misma línea, el diputado Matías Ramírez (PC) emplazó a quienes respaldaron el proyecto: “Sería bueno que parlamentarios que se dicen progresistas y votaron a favor del proyecto de ley de la derecha Naín-Retamal, y que hoy sirvió de sustento para absolver a Claudio Crespo por disparar y cegar a Gustavo Gatica, den alguna explicación”.

Desde el Frente Amplio, el diputado Jorge Brito también apuntó a la responsabilidad política. “Lo que se aprueba y se rechaza en las leyes es de público conocimiento. Nosotros votamos en contra de esa norma que permite eximir a Crespo de la responsabilidad de haber apuntado, disparado y cegado a Gustavo Gatica. Lamentamos que su actuar agresivo haya continuado con respaldo de las instituciones”, afirmó.

El diputado Tomás de Rementería (PS) fue uno de los que votó a favor en abril de 2023, optó por destacar que aún quedan instancias judiciales en este caso y afirmó que el problema radica en la aplicación de la ley, no en la votación que tuvo:

“Yo creo que acá se desnaturaliza el uso de una ley (…) Acá evidentemente no hay un respeto de los reglamentos que existen en el funcionamiento de las policías. Y segundo, considerar que hay una legítima defensa cuando no hay una figura directa de un ataque directo a la persona a la que se le dispara; entonces me parece que se escapa de la naturaleza de la norma. Yo creo que la aplicación de la ley es el problema, no la forma en que se votó”, cerró.

Por ahora, el debate seguirá abierto en el plano político, mientras desde el oficialismo se busca revisar los efectos de la Ley Naín-Retamal. Lo cierto es que la absolución de Claudio Crespo volvió a instalar en la agenda una ley que fue aprobada en un contexto de alta presión por seguridad pública y que hoy, casi tres años después, enfrenta su primera gran prueba política.