La Contraloría General de la República (CGR) inició una fiscalización nacional para investigar el robo y comercialización ilegal de cables eléctricos en Chile.
Mediante oficios enviados este 14 de marzo, la entidad solicitó antecedentes a la Subsecretaría de Telecomunicaciones; Subsecretaría de Prevención del Delito; Carabineros; SII; Aduanas; PDI; SEC y el Ministerio de Energía. Las instituciones tienen plazo hasta el 28 de marzo de 2025 para responder, precisó la CGR.
La decisión de la CGR “se da en el marco de la planificación de auditorías de este Organismo de Control”, detalló la entidad.
Entre los antecedentes requeridos, los servicios deberán indicar si se han efectuado fiscalizaciones relacionadas al rubro entre 2023 y 2024; si es que han verificado, en esas eventuales acciones fiscalizadoras de control y el origen de los productos que se adquieren, comercializan o funden. Además, deberán detallar las sanciones que se han aplicado por los hallazgos detectados en sus fiscalizaciones y referirse a las investigaciones planificadas a la materia para el presente año, precisó la CGR.
En este contexto, diversos reportes de empresas distribuidoras dan cuenta de millonarias afectaciones producto del robo de cables conductores.
Robo de cables a empresas distribuidoras
Hace una semana CGE denunció el hurto de más de 225 kilómetros de cables de cobre desde sus instalaciones durante 2024. La compañía, que abastece a 3,2 millones de clientes entre Arica y La Araucanía, identificó a Coquimbo (43.028 metros), Maule (34.696 metros) y Tarapacá (29.889 metros) como las regiones más afectadas.
La sustracción no solo interrumpe el suministro eléctrico, sino que destruye postes, transformadores y otra infraestructura crítica.
Matías Hepp, director de operaciones de CGE, alertó que el robo de cables “ha tenido un aumento exponencial en los últimos años”. El ejecutivo exigió mayor acción estatal. “Es necesario perseguir y desarticular a estas bandas, ya que su accionar afecta directamente a miles de familias a lo largo del país”, dijo.
Hepp detalló que los grupos delictivos operan con camiones, camionetas y armas. “Atacan puntos de manera recurrente, lo que hace imposible que podamos hacerles frente”, detalló. La magnitud del problema queda en evidencia al comparar los 225 kilómetros robados —equivalente a la distancia entre Santiago y Los Vilos— con el impacto económico. Solo la reparación de un incidente en Coya, región de O’Higgins, costó $500 millones.
En esa línea, el ejecutivo de CGE enfatizó las consecuencias sociales. “Cada vez que se interrumpe el suministro, empresas y servicios públicos paralizan actividades, los colegios suspenden clases y hay riesgos para la seguridad”, sostuvo. Asimismo, afirmó que la empresa interpone denuncias ante Carabineros y el Ministerio Público, además de acciones legales para “perseguir a los autores de estos delitos”.
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