El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ha intensificado este año las fiscalizaciones en los denominados malls chinos, realizando más de 60 inspecciones enfocadas en detectar irregularidades como la falta de etiquetado en español, problemas con la garantía legal y productos que ponen en riesgo la seguridad de los consumidores.
Estas fiscalizaciones coinciden con un aumento en los reclamos de clientes que denuncian dificultades para realizar cambios o devoluciones en estos establecimientos.
Ante este escenario, la diputada Natalia Romero hizo un llamado al Gobierno a respaldar su proyecto de ley que busca extender el derecho a retracto a las compras realizadas de forma presencial.
“Actualmente, los consumidores solo tienen derecho a retractarse de sus compras en el comercio electrónico, lo que deja fuera a quienes adquieren productos en tiendas físicas, especialmente en un mercado tan dinámico como los malls chinos”, comentó la parlamentaria.
A juicio de la parlamentaria, este proyecto “pretende garantizar que cualquier persona pueda desistirse de una compra sin expresión de causa dentro de los 10 días siguientes, devolviendo el producto en las mismas condiciones en que lo adquirió”.
Según una reciente encuesta de Cadem, el 88% de los consumidores chilenos ha visitado alguna vez un mall chino, mientras que el 77% lo hace habitualmente, atraídos principalmente por la variedad de productos. Sin embargo, los mayores problemas surgen a la hora de querer hacer una devolución.
Actualmente, el derecho a retracto está consagrado en el artículo 3° bis de la Ley N° 19.496, pero se aplica principalmente a contratos celebrados por medios electrónicos o en situaciones específicas, como reuniones de venta organizadas por proveedores.
Compras presenciales
El proyecto de la diputada Romero propone ampliar este derecho a compras presenciales, permitiendo que los consumidores tomen decisiones informadas, incluso después de la compra.
“Los consumidores muchas veces no cuentan con toda la información necesaria en el momento de adquirir un bien o contratar un servicio. Este proyecto no solo les da una segunda oportunidad para tomar una mejor decisión, sino que también fomenta la competencia entre los proveedores, beneficiando a todos con mejores precios y productos de mayor calidad”, argumentó la parlamentaria.
En paralelo, este proyecto podría incentivar a los proveedores a ofrecer productos con estándares más altos de calidad y transparencia.
La iniciativa ahora se encuentra en discusión en el Congreso Nacional, por lo que la legisladora llamó al Gobierno a respaldar esta medida que, según sus palabras, “es un paso fundamental para proteger a los consumidores y modernizar la legislación en un mercado en constante evolución”.
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