Según argumentó Serrano, existe una necesidad de claridad respecto al anuncio del jefe comunal ya que se ha dejado entrever de que la medida es ilegal.
Continúan las críticas a los denominados “estados de emergencia comunales” que rigen en La Reina y La Florida, luego de que se ingresara un escrito a contraloría para verificar la legalidad de la medida.
En tanto, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, valoró este tipo de iniciativas luego de una reunión con alcaldes de la Asociación de Municipalidades de Chile.
La diputada comunista, Daniela Serrano, en compañía del concejal por La Florida, José Seves -del mismo conglomerado político-, concurrieron hasta la Contraloría para interponer un requerimiento que busca un pronunciamiento formal del ente fiscalizador ante la medida impulsada por el alcalde UDI, Rodolfo Cárter.
Según argumentó Serrano, existe una necesidad de claridad respecto al anuncio del jefe comunal ya que se ha dejado entrever de que la medida es ilegal.
Agregó que -a su juicio- el decreto puede confundir a la ciudadanía entre los cuatro estados de excepción que actualmente tiene la Constitución y que el cuestionado estado de emergencia comunal no es más que el cumplimiento de los planes en materia de seguridad que tiene el municipio.
Ante esto, el jefe comunal de La Florida, Rodolfo Cárter, indicó que los ciudadanos se sienten más acompañados cuando sus alcaldes se mueven a protegerlos con todos los recursos que tienen a mano.
De igual forma, representantes de la Asociación de Municipalidades de Chile, liderados por su presidente, el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri y el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, se reunieron con el Presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, para discutir estrategias de seguridad.
Alessandri señaló que sus municipios asociados se encuentran analizando la medida para instalarla en sus comunas, declarando total apoyo a la labor del alcalde Palacios.
Por su parte, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, indicó que le parece totalmente razonable que existan estos estados de emergencia relacionados a materias de seguridad.
Polémica que continúa entonces en medio del aumento de crímenes de alta connotación social que vive el país.
