En cuanto a las responsabilidades, el texto apunta a que la Subsecretaría de la Niñez tiene una responsabilidad no solo técnica, sino también política.
La Comisión que investigó las licitaciones del Servicio de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, presidida por el diputado IND-PPD, Héctor Ulloa, aprobó por unanimidad, y despachó a la Sala, un informe de consenso, donde se abordan las licitaciones fallidas para programas ambulatorios y las listas de espera para NNA que han sufrido vulneración de sus derechos.
Además, aquí se incluyen recomendaciones administrativas y legales para mejorar la implementación del servicio.
A partir de la exposición de asociaciones de funcionarios, autoridades de Gobierno y del Poder Judicial, así como de representantes de la Defensoría de la Niñez y otros expertos, el texto asegura que la implementación del servicio se realizó de forma apresurada y desprolija. Esto se fundamentaría en un actuar descoordinado entre el Sename, el nuevo servicio y otros organismos del Estado.
“Hoy día concluimos el trabajo que comenzamos en mayo con la Comisión Investigadora de Mejor Niñez, y pudimos obtener un informe unánime, transversal, que refuerza la idea de que los niños, niñas y adolescentes tienen que ser nuestra absoluta prioridad, y evitar a toda costa que se vulneren sus derechos fundamentales, y sean expuestos a redes de explotación sexual infantil”, afirmó el diputado Ulloa.
Comisión investigadora de Mejor Niñez
El parlamentario expresó que a pesar de aquello, lamentablemente el Estado de Chile está al debe en dichos propósitos. “Existe consenso de que el tiempo de implementación para generar y crear este nuevo servicio de Mejor Niñez fue bastante escaso, razón por la cual han existido bastantes inconvenientes”.
Añadiendo que “los primeros recursos que el servicio obtuvo fue a través de la Ley de Presupuestos para el año 2023, es decir, este año. Es por eso que hoy día se están generando recién mejoras, sobre todo en infraestructura y mejores licitaciones en materia de organismos colaboradores”.
En cuanto a las responsabilidades, el texto apunta a que la Subsecretaría de la Niñez tiene una responsabilidad no solo técnica, sino también política. Esto, porque la implementación de la ley del Sistema de Protección Integral es la estructura que sostiene, apoya y descomprime la protección especializada.
“Aquí hay responsabilidades políticas respecto del diseño y la implementación de Mejor Niñez. Nuestras actuales autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, y sobre todo del Servicio de Mejor Niñez, tienen que colocar el foco urgente en mejorar las condiciones de vida de cientos de miles de niños, niñas y adolescentes que requieren de una mirada urgente, rápida, sobre todo en materia de salud mental, en materia de listas de espera y que no sigan evidentemente sufriendo vulneraciones de derechos tan básicos como estar expuestos permanentemente a redes de explotación sexual. Ese debe ser el foco en forma transversal como política pública de mirada a futuro”, manifestó Héctor Ulloa.
Finalmente, la Comisión acordó que, si la Sala aprueba el informe, este será remitido a los Ministerios de Desarrollo Social, Salud, Educación, Vivienda, Justicia e Interior. Así también a la Presidencia de la República, la Subsecretaría y Defensoría de la Niñez, y al servicio investigado, entre otros organismos.
