A fines de enero, el Frente Amplio anunció que de no remover de su cargo al general director de Carabineros, Mario Rozas, presentarían una acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Gonzalo Blumel.

Pasado un mes, Revolución Democrática cumplió lo prometido y anunciaron que comenzaron a elaborar un borrador del informe que reúne los argumentos de la acusación, además de estar buscando apoyo de la centro izquierda.

Las razón principal de la demanda nace después de la muerte de Jorge Mora, hincha de Colo Colo que falleció luego que un carabinero lo atropellara a la salida del Estadio Monumental.

Para presentar la acusación constitucional, Revolución Democrática necesita 10 firmas que requieren para viabilizar la ofensiva en contra del jefe de gabinete.

En conversación con La Tercera, Giorgio Jackson señaló que “el ministro Blumel escogió blindar al general Rozas tras cuatro informes internacionales sobre las violaciones a los derechos humanos en Chile. Nuestra responsabilidad ahora es conseguir los apoyos para que estas acciones no sigan ocurriendo y no queden impunes”.

Para esto, además se reunirán con víctimas de vulneraciones a los DDHH en el marco del estallido social.

Desde la centro izquierda, el jefe de los diputados del PS, Manuel Monsalve, manifestó que pese a que no lo han conversado, el resultado negativo de la acusación al intendente Guevara, le hace creer que lograr un resultado favorable contra Blumel sea aún más imposible.

Además agregó que al tratarse de una acusación más testimonial, “no es una herramienta que contribuya, en el contexto actual, a detener las prácticas de violaciones de DD.HH. por parte de Carabineros”.

En tanto los diputados UDI, María José Hoffmann y Álvaro Carter, manifestaron que el anuncio realizado por Revolución Democrática “implica una irresponsabilidad política que le pasará la cuenta a la izquierda extrema”.

Finalmente agregaron que “cuando la sociedad chilena busca retomar la normalidad y la paz, la izquierda persiste en manosear este instrumento legal para mantener estos grados de tensión política y social”.