La Fiscalía allanó el despacho del ministro Marcelo Velásquez e incautó documentación desde oficinas de abogados, que habrían pagado coimas a los suspendidos jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Mientras, La Moneda y legisladores del PS llamaron al senador Juan Pablo Letelier a explicar su relación con los magistrados suspendidos.
La Fiscalía Regional de O’Higgins realizó nuevas diligencias en la investigación por presunto pago de coimas a los ministros suspendidos de la Corte de Apelaciones de Rancagua.
El fiscal jefe de alta complejidad de la región, Sergio Moya, allanó el despacho de uno los jueces y, en forma paralela, ordenó a la Policía de Investigaciones incautar documentos y material informático en las oficinas de abogados que habrían pagado por fallos y cargos.
Las diligencias ordenadas por Moya comenzaron el miércoles por la tarde con el ingreso de personal de la Brigada Investigadora de Delitos Funcionarios (Bridef) de la PDI hasta el despacho en la Corte de Apelaciones de Rancagua del ministro Marcelo Vásquez.
Este último, es uno de los tres magistrados suspendidos e investigados por presunto tráfico de influencias, en el ámbito administrativo; y en lo penal, por enriquecimiento ilícito, prevaricación, cohecho y negociación incompatible.
Esta es la segunda visita de la policía al tribunal de alzada, luego que el 27 marzo se allanara la oficina de Emilio Elgueta, el ministro que será formalizado el próximo 26 de abril, donde -entre otros elementos- se encontró una fotografía de una exsuprema pinchada con alfileres.
Asimismo, los allanamientos continuaron a bufetes de abogados en Rancagua, San Fernando y Rengo.
Moya y los policías incautaron computadores y documentos desde las oficinas de los abogados Gabriel Henríquez, Pablo Latorre, Rodrigo Guerrero Román, Víctor Beltrán, nombrado notario en San Vicente, y la esposa de éste, Muta Adams.
El miembro del equipo de la región de O’Higgins, el fiscal Nicolás Nuñez, apuntó que seguirán con las diligencias.
“El Ministerio Público no adelanta las diligencias que va a hacer, pero sí se están haciendo diversas diligencias en esta causa”, señaló.
Letelier defiende polémica foto
En tanto, el senador socialista Juan Pablo Letelier calificó de “miserable” y apuntó a una “campaña orquestada en su contra” vincularlo a los tres jueces suspendidos por tráfico de influencias, tras la foto exclusiva de Radio Bío Bío, donde aparece junto a varios de los imputados.
“La foto corresponde a un almuerzo al cual fui invitado, el que se realizó en un lugar público y a la vista de todo el mundo”, se lee en un comunicado.
“Pretender involucrarme en las malas prácticas de los ministros hoy acusados es miserable y responde a una campaña orquestada en mi contra, de la cual esta foto descontextualizada y con algunos rostros borrados, es la mejor prueba”, acusó.
La vocera de Gobierno, la ministra Cecilia Pérez, llamó al senador a aclarar sus presuntos vínculos con esta trama de corrupción.
“Todos aquellos actores que aparecen de una u otra forma involucrados, deben cooperar con la justicia y sobre todo en el caso del senador Letelier, que tiene una larga trayectoria de representación popular, dar una clara explicación a la ciudadanía de cuál ha sido su eventual participación en hechos que hoy día investiga el Ministerio Público”, sentenció.
Al respecto, el senador Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista, lejos de respaldar a Letelier, llamó a la justicia aclarar pronto los hechos.
“Respecto de la situación del senador Letelier, hemos señalado que se investigue todo, sin presiones y sin especulaciones. Más que estar dando una opinión prematura, que se investigue todo lo que se tenga que investigar”, aseguró.
“El senador Letelier ha dado a conocer su explicación respecto de estos hechos, pero nosotros creemos que la investigación es positiva y bienvenido sea que se aclare todo”, añadió Elizalde.
Mientras, el presidente del Senado, el PPD Jaime Quintana, descartó a que esta situación afecte a la Cámara Alta en general.
“Cualquier acción personal tiene que ser aclarada por el propio parlamentario, si finalmente lo que estaba haciendo estaba dentro de la esfera de sus atribuciones constitucionales que tiene”, dijo.
“Y como ha dicho el propio presidente de su partido, será él quien tendrá que aclarar. No es un tema ni de su bancada, ni del Senado”, concluyó Quintana.
A través de redes sociales, la Asociación Nacional de Fiscales se manifestó “alerta” ante cualquier presión contra los fiscales de la región de O’Higgins.
“Estamos conscientes de que el fiscal Moya será objeto de ataques para debilitarlo; menoscabar su imagen y cuestionar su trabajo, ello con el único fin de removerlo de la investigación”, indicaron a través de un comunicado.
