Pese a que la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones interceptó llamados telefónicos en los que aparecen los nombres de al menos ocho políticos que habrían recibido aportes económicos de parte de Fiden, la agrupación que reúne a dueños y comercializadores de máquinas tragamonedas, el Servicio Electoral desestimó que existieran antecedentes para hablar de financiamiento irregular de la política.
Por ello no presentó querellas, razón por la que la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente -a cargo de las indagatorias- no podrá perseverar en esa arista, lo que a juicio del director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, es un claro ejemplo de la mala legislación en la materia.
Lo anterior, en directa alusión a los cambios -considerados insuficientes- introducidos en 2016 a la Ley N° 19.884.
El abogado querellante en los emblemáticos casos de financiamiento irregular de la política (como SQM y Penta), Mauricio Daza, aseguró que la legislación que se incorporó para investigar y sancionar penalmente los delitos de este tipo venía con letra chica.
El excandidato a diputado Nelson Hadad, ligado a la Democracia Cristiana y padre del exdirector de Fiden, Alberto Hadad, se manifestó conforme con la decisión de no perseverar del Servel e insistió en que esta vinculación que realizó la Fiscalía dañó su reputación.
Los abogados coinciden en que, no obstante la existencia de claros y graves antecedentes de ilícitos vinculados a campañas políticas, la actual legislación se ha convertido en letra muerta.
