Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.
El expresidente de Perú, Pedro Castillo, declaró este lunes estar en huelga de hambre en protesta por lo que considera un "politizado juicio oral" en su contra por delitos de rebelión y abuso de autoridad tras intentar arrogarse más competencias en diciembre de 2022, lo que resultó en su destitución y detención. Castillo, en medio de un proceso judicial, se defiende alegando que es juzgado por actos que nunca cometió, denunciando la parcialidad de la jueza a cargo del caso. La Fiscalía solicita 34 años de prisión para el exmandatario, generando una profunda crisis en Perú que ha dejado casi medio centenar de muertos en protestas por su arresto y la asunción de Dina Boluarte como presidenta interina.
El expresidente de Perú, Pedro Castillo, anunció este lunes que se declara en huelga de hambre como señal de protesta por el “politizado juicio oral” en su contra por presuntos delitos de rebelión y abuso de autoridad tras intentar arrogarse más competencias en diciembre de 2022, hechos por los que fue destituido y detenido.
El exmandatario compartió en su perfil oficial en redes sociales una escueta misiva en la que reitera una vez más que está siendo juzgado por unos hechos que “nunca” cometió y recuerda que la jueza al frente del caso ya “ha adelantado opinión” en su contra para “forzar el tipo penal de rebelión”.
“Pongo en conocimiento a mi familia, al pueblo peruano, que haciendo uso de mi derecho humano, he decidido acatar a partir de la fecha a una huelga de hambre; acto que me llevan a tomar por las injusticias que se viene cometiendo conmigo”, reza el escrito del expresidente, que cuenta con la firma del exministro de Defensa y abogado Walter Ayala.
Castillo se encuentra inmerso en un proceso judicial por posible rebelión y abuso de autoridad por los hechos acontecidos en diciembre de 2022, cuando trató sin éxito de disolver el Congreso, convocar elecciones y crear un gobierno de excepción para intentar sacar adelante las reformas prometidas durante la campaña electoral previa.
La Fiscalía de Perú ha pedido para el exjefe de Estado una pena de 34 años de prisión, así como una inhabilitación de tres años y medio y el pago de casi 65.600 soles peruanos (en torno a 17.100 euros) en concepto de reparación civil en favor del Estado.
La detención de Castillo trajo para Perú una de sus peores crisis recientes con casi medio centenar de muertos por la represión de las fuerzas de seguridad en las protestas por su arresto y en contra de quien tomó el mando, la que hasta entonces era su vicepresidenta, Dina Boluarte.
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Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por
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dicte sentencia en su contra. (Artículo 04 del Código Procesal Penal)
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