Argentina se convirtió en un ejemplo internacional en el trabajo por los derechos humanos a partir de la creación de agrupaciones como las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, que buscaron a sus hijos y nietos desaparecidos durante la última dictadura militar (1976-1983).

El Ministerio de Justicia de Argentina eliminó de su nombre la categoría Derechos Humanos, que lo integraba desde el Gobierno del radical Fernando de la Rúa (1999-2001), según puede verse este lunes en la web oficial del departamento.

La pantalla inicial de la web oficial muestra el nombre Ministerio de Justicia y, en su descripción, agrega que trabaja “para el fortalecimiento del Sistema de Justicia Federal y de los DDHH (sic)”.

Junto con esto se trabajará el acceso “de los sectores más vulnerables” a la Justicia y de la promoción de políticas “contra la Trata de Personas y las Violencias de Género”.

La Ley de Ministerios, vía decreto de necesidad y urgencia (DNU), firmada este domingo por el nuevo mandatario argentino, Javier Milei, incluye la denominación actual del Ministerio de Justicia y detalla los asuntos de su competencia.

Pese a la desaparición de la categoría Derechos Humanos de su denominación, la norma detalla que esta cartera trabajará “en la formulación, aplicación de políticas y fortalecimiento de los derechos humanos”.

Además, tendrá competencia “en la determinación de la política, en la elaboración de planes y programas y en la representación del ESTADO NACIONAL (sic) ante los organismos internacionales, en materia de derechos humanos y en la no discriminación de grupos o personas”.

Cambios en el Ministerio de Justicia de Argentina

Y agrega que deberá “elaborar, ejecutar y fiscalizar las acciones del área, tendientes a lograr la protección y la defensa de los derechos de las comunidades indígenas y su plena inclusión en la sociedad, con intervención de los Ministerios que tengan asignadas competencias en la materia”.

Recordemos que la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas, establecida por el primer presidente de la democracia, Raúl Alfonsín (1983-1989), y la celebración del Juicio a las Juntas, apenas dos años después de la conclusión del régimen de facto, fueron hitos a nivel internacional.

En la última campaña electoral, uno de los pocos consensos que parecían existir en el país suramericano, la crueldad del régimen militar que hizo desaparecer a 30.000 personas.

La alineación del Ejecutivo de Milei y, sobre todo, de su vicepresidenta, Victoria Villarruel, con la ‘teoría de los dos demonios’ y la negación de esa cifra de desaparecidos -ellos solo reconocen 8.751- elevaron las críticas de los organismos de derechos humanos.

Villarruel llegó a decir que la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, era un “personaje siniestro”. Esto, además de considerar que el trabajo desarrollado por la Secretaría de Derechos Humanos era un “curro” (estafa).