El ingreso básico ciudadano busca establecer una entrada de dinero garantizada para todos los residentes en el país, incluyendo a niños.
La propuesta fue realizada por el Centro de Estudio del Futuro de la Universidad de Santiago, de la mano de la exministra Clarisa Hardy, socióloga del Partido Socialista, Hernán Frigolett y Luis Díaz, ambos economistas de centroizquierda.
Sin un monto fijo establecido a la fecha, en un principio el ideal del proyecto sería de $108 mil, subiendo paulatinamente. En perspectiva, el sueldo mínimo desde 2020 corresponde a $326.500.
En conversación con Radio Bío Bío, Frigolett explicó que la forma de financiamiento ideada en la investigación persigue reducir la evasión en 50% y también la elusión, lo que proveería un 3% del PIB.
A lo anterior se suma de manera complementaria eliminar las exenciones, lo que entregaría otro 1% del PIB.
En conversación con Bío Bío, Harvey comentó que, al ser una entrega gradual, en primera instancia los beneficiarios serían los grupos más vulnerables, según un estudio de vulnerabilidad realizado por el mismo plantel.
El economista Alejandro Micco hizo hincapié en que instaurar la iniciativa se ve difícil en Chile dada la gran brecha económica entre los que ganan más y menos.
De acuerdo con los autores de la medida, el plan de la renta básica universal podría llegar a erradicar la pobreza en el país en los próximos 10 años, si se aplica la reforma tributaria planteada.
A través de una transferencia automática gradual, para 2030 se alcanzaría el 100% de la población nacional tras una asignación de recursos que no iría de la mano de los ingresos laborales de las personas.
