La Intendencia del Bío Bío y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) descartaron la denuncia de comunidades mapuche, que a través de un recurso judicial aseguran que la ampliación de la Celulosa Arauco en el sector Horcones se autorizó sin la consulta indígena que ordena el Convenio 169 de la OIT.
La acción cautelar fue presentada el mes pasado por cuatro comunidades indígenas y una asociación, todas de la Provincia de Arauco, las cuales denunciaron como ilegal y arbitrario que el Servicio de Evaluación Ambiental calificara favorablemente el proyecto forestal del grupo Angelini.
El argumento del recurso es que no todos los grupos mapuche fueron consultados sobre el proyecto Modernización y Ampliación Planta Arauco (Mapa), situación que la Intendencia y el SEA descartaron en informes evacuados a la Corte de Concepción, asegurando que las comunidades fueron invitadas y que sólo dos optaron por no participar.
La abogada de las comunidades mapuche, Paula Villega, señaló que los descargos efectuados por las autoridades son inexactos.
Para verificar que con ese error se llevó a cabo el proceso de Evaluación Ambiental, los denunciantes acudieron a la Contraloría.
Lo que piden las comunidades indígenas es que la justicia anule la resolución de calificación ambiental que dio luz verde a la inversión de 2 mil millones de dólares y se ordene el cumplimiento del Convenio 169 antes de que el proyecto Mapa sea votado nuevamente en el Servicio de Evaluación Ambiental.