En la región de Valparaíso, y a nivel nacional, se ha generado una discusión en temáticas relacionadas con el comercio sexual. En la anterior, se señala estudiar la posibilidad de crear un Barrio Rojo para terminar el mercado callejero, lo cual es cuestionado por analistas del tema, quienes señalan que el mayor problema correspondería al tráfico de personas y participación de menores.
Según el ex fiscal de delitos sexuales, actual alcalde de Los Andes, Mauricio Navarro, la prostitución se condena cuando se generan tres factores: trata de blancas, es decir, tráfico de personas para que ejerzan la prostitución sin su consentimiento; prostitución infantil; u obligar por la fuerza a alguna persona a ejercer el comercio sexual.
Sin embargo, a pesar de que existan regulaciones en este ámbito, existen menores de edad que clandestinamente ejercen el comercio sexual. Así lo reconoció Zuliana Araya, concejal transgénero de Valparaíso, quien afirma que hay que priorizar la seguridad.
En materia de impuestos, el ex fiscal señaló que en esta transacción debiera realizarse el pago de impuestos correspondientes; sin embargo, existe una especie de nube negra en torno a ello.
En tanto, el Director de la Escuela de Negocios de la Universidad Viña del Mar comparte la misma opinión. Este último planteó que hay una falla de mercado, puesto que el comercio sexual privatiza sus beneficios pero socializa los costos. Por otra parte, desde un punto de vista tributario, sin mayores antecedentes de quienes ejercen la prostitución, se ha estimado que el Estado sólo por concepto de Impuesto a la Renta, deja de percibir cerca de 200 mil dólares mensuales.
Ante la gravedad de la situación, la discusión está planteada. Ahora depende de parlamentarios y otros actores que establezcan el tema como una materia a abordar de forma seria. Mientras esto no ocurra, el comercio sexual, callejero o privado seguirá generando controversias y molestias tanto para quienes lo ejercen como para los vecinos que viven en los entornos donde se ofrece.
