La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados comenzó de manera formal el debate de la Reforma Tributaria. En la cita, desde la Alianza y la Nueva Mayoría se manifestaron una serie de reparos y cuestionamientos al proyecto, que piden sean aclarados por el ministro de Hacienda. En el oficialismo exigen precisar el pago de impuestos de las grandes empresas que están en regiones, mientras que desde la Alianza, aseguran que el alza de impuestos de primera categoría de las compañías alcanzará el 35% y no el 25%, como afirman en el Gobierno.

Con un retraso de 24 horas por el ingreso tardío del proyecto de Reforma Tributaria, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados comenzó el estudio de la iniciativa, una de las más emblemáticas que impulsa la administración de la presidenta Michelle Bachelet.

En la discusión legislativa, desde la Alianza manifestaron nuevamente inquietud por el efecto que la reforma tendrá en las inversiones en nuestro país.

El diputado de la UDI, Patricio Melero, sostuvo que el Ejecutivo debe sincerar que el impuesto de segunda categoría a las empresas no será de un 25 por ciento, sino que alcanzará los 35 puntos porcentuales.

Pero los reparos también se extendieron al oficialismo, particularmente en lo que se refiere a la rebaja de impuesto a las personas.

El diputado socialista Manuel Monsalve aseguró que sólo respaldará la iniciativa si desde Hacienda le demuestran que la rebaja del impuesto de segunda categoría que pagarían las 4.100 personas más ricas del país, se compensa con la eliminación del FUT.

Pese a los cuestionamientos, el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, aseguró que la inversión de las grandes empresas no sólo pasa por aspectos tributarios, y sostuvo que hay otros datos que son considerados por los empresarios a la hora de invertir en el país.

Aunque en primera instancia, el ministro Arenas a través de sus asesores trató de evitar las preguntas de los medios, finalmente salió al paso de los cuestionamientos, asegurando que los efectos de la Reforma Tributaria estarán en el financiamiento de la Reforma Educacional y otros programas relacionados con la protección social.