Autoridades políticas de la Alianza y la oposición destacaron la apertura exhibida por el empresariado para sancionar con penas de cárcel las malas prácticas en los negocios.
“No podemos aceptar que la conducta de unos pocos ponga en tela de juicio el actuar de la gran mayoría de los empresarios de Chile”. Con estas palabras, Andrés Santa Cruz, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, CPC, dio cuenta de la preocupación que existe en el gremio con casos como el de las sociedades cascada y el impacto que éstos tienen en la imagen de la actividad.
Por eso la máxima autoridad de la CPC dijo estar dispuesta a evaluar penas de cárcel para las malas prácticas en los negocios, algo que fue destacado por autoridades políticas de la Alianza y la oposición.
Uno de ellos fue el diputado UDI Javier Macaya, miembro de la comisión de Hacienda de la Cámara, instancia que tramita el proyecto de ley que reemplaza a la Superintendencia de Valores y Seguros por una Comisión, pero que, sin embargo, no se hace cargo de la dimensión sancionatoria.
El parlamentario afirmó que lo primero es sistematizar en un solo cuerpo legal todos los marcos normativos y unificar el criterio de jueces y fiscales.
Por su parte el senador UDI Hernán Larraín, miembro de este comité parlamentario, dijo estar dispuesto a legislar para tener una normativa más robusta, situación que compartió el presidente de la DC, Ignacio Walker.
Pese a ello Dieter Linneberg, director ejecutivo del Centro de Gobierno Corporativo y Mercado de Capitales de la Universidad de Chile, afirmó que las penas de cárcel ya están contempladas y que el problema es de la Justicia.
Pensamiento que compartió el economista Uri Wainer, quien subrayó que si bien el Ministerio Público puede lograr penas de cárcel, “ningún ejecutivo se ha ido preso por delitos financieros”.
En efecto, las leyes de Mercado de Valores y de Sociedades Anónimas contemplan penas de cárcel. Sin embargo, la persecución penal en criminalidad económica es relativamente débil.
Esto, debido a muchos factores. Dos de ellos son que los delitos de “cuello y corbata” tienen un estándar de convencimiento mucho más elevado que la sanción administrativa típicamente aplicada por la SVS u otro organismo fiscalizador del Estado.
Otro, según explicó Francisco Aguero, director del Centro de Regulación y Competencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, es que faltan fiscales lo suficientemente bien preparados como para comprobar un crimen “más allá de toda duda razonable”.
