El Observatorio Ciudadano emplazó al Ministerio de Obras Públicas a pronunciarse por presuntos malos tratos en la cárcel de Valdivia. Lo anterior, porque es el MOP el que está a cargo de la empresa concesionada, en donde está el hospital del penal.

El caso que es investigado por la Corte de Apelaciones, Gendarmería de Chile y que debe indagar la Fiscalía por la ocurrencia de algún posible delito, también es ahora analizado por el Observatorio Ciudadano.

Desde el organismo, José Araya valoró la concurrencia de la ministra de Justicia, Patricia Pérez, hasta la cárcel de Valdivia. Considera que el recurso de amparo interpuesto por el Instituto Nacional de Derechos Humanos debió haber tenido una sólida presunción de posibles irregularidades dentro del penal, que hicieron movilizar a la ministra de Estado.

Araya consideró que Gendarmería está en su derecho a responder el recurso de amparo, debido a los graves hechos denunciados que deberá evaluar la Corte de Apelaciones, lo que sería clave para confirmar o descartar los presuntos vejámenes.

En todo caso, el representante del Observatorio Ciudadano emplazó al Ministerio de Obras Públicas a pronunciarse al respecto, ya que a su juicio acá habría dos responsables, siendo el primero Gendarmería.

Esto, porque porque la Cárcel Llancahue, al ser concesionada, depende del MOP. A su cargo también están varias instalaciones, entre ellas el Hospital Penal, en donde no se le habría hecho una rigurosa pesquisa a los internos que resultaron lesionados el 5 de enero.

Incluso, el dirigente cuestionó el hecho que el director regional de Gendarmería en Los Ríos, comandante Richard Oyarzún, diga que personal penitenciario no rapó a los reclusos, sino que éstos se habrían cortado el pelo aparentemente con máquinas de afeitar dentro de su celda. La contradicción iría, asegura, porque se trata de internos de alta peligrosidad que con cualquier elemento cortante podrían atentar contra su propia vida o la de otros.

El representante del Observatorio Ciudadano manifestó que estarán atentos a estos procesos, más aún cuando existe una convención contra la tortura firmado por el Estado de Chile, y que prohíbe todo trato violento o humillante en contra de reclusos.