La Corte Suprema de Perú anuló el fallo de un tribunal que había reducido las penas a miembros de un grupo paramilitar autor de una matanza en 1991, al acatar una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), informó el viernes una fuente del Poder Judicial.

“Estamos atentos y somos respetuosos del orden internacional”, dijo el magistrado César San Martín, presidente de la Corte Suprema de Justicia peruana, a la radio RPP.

“La sentencia en cuestión queda sin efecto, no tiene valor ni implicancia jurídica, es definitivo, inapelable, inobjetable, no hay nada que hacer”, agregó San Martín.

La decisión fue tomada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la misma que el 20 de julio había rebajado las penas el grupo paramiliar Colina, autor de la matanza en el barrio limeño de Barrios Altos, en noviembre de 1991, y otros crímenes, que operó bajo el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).

Quince personas murieron en esa matanza, entre ellas un niño, por estar bajo sospecha de pertenecer a la guerrilla Sendero Luminoso. Años después se comprobó que no tenían vínculos con esa organización.

La Corte IDH divulgó el lunes un fallo en que ordenó al Estado peruano dejar sin efecto el fallo por significar una contradicción al reconocimiento que hizo ese tribunal de los delitos del grupo paramilitar como crímenes de lesa humanidad.

Tras conocer la resolución de la Corte IDH, los cinco jueces peruanos que integran la sala que dictó el primer fallo, se reunieron y acordaron de manera unánime anular la sentencia.

Como efecto de esa anulación, la justicia dispuso de inmediato la recaptura del excoronel Alberto Pinto Cárdenas, quien fue jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército, vinculado al Grupo Colina, quien había sido puesto en libertad.

El fallo anulado había reducido las penas a los integrantes de Colina por considerarse que la matanza de Barrios Altos era un crimen contra los derechos humanos, pero no un crimen de lesa humanidad. En unos casos la reducción fue de 25 a 20 años, de 25 a 22 y de 20 a 17 años.

Esa reducción beneficiaba a Vladimiro Montesinos, ex jefe de los servicios de inteligencia y brazo derecho de Fujimori, así como a otros altos jefes militares que aún se mantienen en la cárcel.