Como lo ha informado Radio Bío Bío, los Lonkos Aniceto Norín y Pascual Pichún habrían firmado y estampado su huella digital en un documento ante notario el 7 de mayo, para desistirse de la demanda internacional contra el Estado, renunciando incluso a su calidad de víctimas en el caso.
Sin embargo, el abogado Jaime Madariaga, que representa a Pascual Pichún, en representación de la Fundación Internacional de los Derechos del Hombre con asiento en Paris, ha señalado que este desistimiento no tiene validez jurídica, ya que la Corte no puede dejar de investigar un delito de Derechos Humanos, como las denuncias que fueron ingresadas en el organismo internacional.
Madariaga señaló que en este caso el gobierno actuó mala fe, ya que los lonkos lo único que saben, es que en la primera semana de mayo, cuando está fechado el documento con sus firmas y huellas dactilares, fue un traspaso a través de una notaría respecto a unos predios que les entregó la Conadi.
Se espera que la situación se aclare pero el abogado Madariaga ha precisado que toda esta situación no tiene validez jurídica.
