El conflicto afgano provocó la muerte de al menos 2.400 civiles en 2010, una media de seis por día, un récord en nueve años de guerra, anunció el martes la ONG afgana ARM (Afghan Rights Monitor).

Los grupos insurgentes son responsables de las dos terceras partes de esas muertes, las fuerzas internacionales del 21% y las fuerzas afganas y sus “milicias aliadas” del 12%, detalla ARM en su informe anual sobre las “víctimas de la guerra”.

Cuando la guerra ingresa en su décimo año, y nunca han sido tan numerosas las fuerzas internacionales y afganas, “las cifras de los civiles muertos, heridos o desplazados alcanzan niveles récord”, indica la ONG, que precisa que en 2010 también fueron heridos 3.270 civiles.

En 2009, según ARM, hubo 2.332 civiles muertos, y las responsabilidades de estas muertas estuvieron repartidas de forma similar.

Las bombas de fabricación casera usadas por los insurgentes son el arma que causa más víctimas (693 muertos y 1.800 heridos), según la ONG.

Por otra parte, al menos 217 civiles murieron en bombardeos aéreos de la coalición internacional, y 192 murieron por disparos directos o indirectos de sus soldados.

Los “presuntos talibanes” muertos por la coalición son a menudo simples civiles, “lo que merma seriamente la credibilidad de las fuerzas internacionales ante muchos afganos”, subraya la ONG.

La ONG lamenta la “casi impunidad” en la que operan las sociedades privadas de seguridad, causantes de varios incidentes, según ARM.

Afganistán carece “de fundamentos básicos para lograr una paz duradera: un gobierno legítimo, competente e independiente”, indica ARM, que denuncia un sistema político “altamente corrupto e ineficaz que recompensa a los jefes de guerra, a los criminales, a los traficantes de droga”.

El gobierno afgano, apoyado por 140.000 soldados extranjeros -de los cuales dos tercios son estadounidenses-, combate una insurrección de los talibanes, expulsados del poder a fines de 2001 por la coalición militar internacional.

Esta coalición prevé empezar a transferir este año la responsabilidad de la seguridad del país a las fuerzas afganas, un proceso que supuestamente debe concluir a fines de 2014.