El hacinamiento y la sobrepoblación que afecta a un cúmulo de penales chilenos, además de condiciones críticas que afectan la dignidad de los internos, no dejaron indiferente al Poder Judicial.
Fue el presidente de la Corte Suprema, el ministro Haroldo Brito, quien convocó a la realización de un trabajo mancomunado entre las instituciones relacionadas a la materia para resolver los problemas que enfrenta el sistema carcelario, y que fueron precisados en un informe elaborado por la Fiscalía Judicial.
“La Corte es el órgano que cautela derechos fundamentales y entendiendo que en las prisiones estos derechos fundamentales estén desprotegidos de alguna manera, la Corte Suprema y atendida la función constitucional que cumple, quiere llamar a los restante órganos del Estado a sentarse a conversar, a buscar algunos planteamientos comunes, en virtud del deber de coordinación que asiste a todos los órganos del Estado”, sostuvo Brito.
Entre las deficiencias detectadas por el estudio, se encuentran los inadecuados horarios de encierro y descencierro; problemas en los horarios de alimentación; el uso de celdas de castigo y aislamiento; carencia de comunidades terapéuticas para el tratamiento de consumo de drogas y alcohol; acceso insuficiente al agua, cupos limitados para capacitación laboral; deficiencias de infraestructura en algunos recintos y en la selección de los internos, entre otros.
En tanto, el ministro de la corte, Arturo Prado, sostuvo que “la situación que informa la fiscalía a nuestra corte es de tal gravedad que requiere de una atención urgente de parte de la autoridad. Las conclusiones son bastantes contundentes y esperamos que esto sea un mensaje potente porque queremos establecer un énfasis muy particular”.
