Una de las causas que investigaba el ministro especial en casos por violación de derechos humanos fue enviada a un tribunal ordinario, luego de que la Corte de Apelaciones de Concepción determinara que se trata de un hecho delictual común y no uno de lesa humanidad.

Se trata de la querella por secuestro y torturas presentada por Carlos Maureira Fernández, quien fue detenido en 1984 y trasladado al cuartel penquista de la PDI, a raíz de su supuesta vinculación con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y de participar -presuntamente- en el asalto a una carnicería.

La víctima, menor de edad al momento de su detención ilegal, asegura haber sido retenido ilegalmente y que recibió la aplicación de electricidad durante los dos días que permaneció en la unidad policial.

El tribunal de alzada, al revisar una apelación de la abogada querellante, Patricia Parra, quien buscaba el procesamiento de dos detectives, estimó que el ministro Aldana sólo puede investigar casos de muerte y desaparición de personas, no de torturas.

Por esta razón, la querella de Carlos Maureira fue remitida al Primer Juzgado Civil de Concepción, que tramita los procesos del sistema penal antiguo y que podría determinar la prescripción de un hecho que la Corte calificó como delito común.