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El controversial proyecto para prescribir violaciones a los derechos humanos en dictadura

Jonaz Gómez | Agencia UNO
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Este martes, el diputado Jorge Ulloa ingresó al Congreso un proyecto de ley, el cual busca remitir la responsabilidad penal de los militares acusados de crímenes contra los derechos humanos ocurridos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

Según informó el El Dinamo, este proyecto en su iniciativa establece en su artículo vigésimo tercero que “transcurrió en exceso el plazo de quince años entre el día en que se cometieron los delitos y aquel en que se dirige rectamente la acción criminal en contra del condenado de la causa, por lo que forzosamente debe concluirse que la responsabilidad del encausado se ha extinguido por la prescripción”.

El proyecto, que consta de siete artículos, “pretende permitir el restablecimiento de las garantías para aquellos que enfrentan un proceso o que ya cumplen condena”.

Además en el escrito, que lleva por nombre “Fortalece la justicia, equidad e igualdad penal y procesal para todas las personas procesados o condenados por hechos acontecidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990″, se indica en su fundamentación que “un grupo de personas, sistemáticamente se les vulnera las garantías de un justo y debido proceso, siendo estas el personal civil y militar, activo o en retiro de las fuerzas armadas y de orden procesados o condenados por hechos acontecidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990″.

Cabe destacar que dentro de la argumentación sobre lo conveniente de establecer la amnistía, el diputado Ulloa plantea el significado etimológico de la palabra, la cual “viene de la voz griega “amnesis” que expresa la idea de “olvido del pasado”.

Además se indica que “esta importante institución y pilar del derecho penal nació para resolver serias dificultades que surgieron en casos de profundos cambios políticos y sociales, especialmente en situaciones revolucionarias en las cuales se hace necesario y conveniente que el Estado renuncie temporalmente a su facultad de juzgar y castigar determinadas conductas delictuales, en aras de intereses superiores como son el orden y pacificación social y nacional”.

A continuación puedes revisar el documento completo de este proyecto de ley.

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